Hong Kong cierra el año con control político
También puedes leer
Hong Kong cierra un año inmersa en un entorno definido por la ampliación del marco de seguridad, la reducción del espacio informativo, la presión sobre la diáspora y la consolidación de un sistema político sin oposición estructurada.
Cinco años después de la imposición de la Ley de Seguridad Nacional por parte de Pekín, el entorno legal y político de la región semiautónoma ha experimentado un cambio estructural que contrasta con las garantías previstas en la fórmula ‘un país, dos sistemas’ hasta 2047.
Marco legal reconfigura instituciones y libertades
La norma de Seguridad Nacional, aprobada por Pekín en junio de 2020, tipificó los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. A ella se sumó el Artículo 23, en vigor desde marzo de 2024, que incorporó delitos de sedición, y manejo indebido de secretos oficiales con posibles penas de cadena perpetua.
El Gobierno local defendió que estas normas eran necesarias para “restablecer la estabilidad”, mientras organizaciones internacionales alertaron de la amplitud de las definiciones legales y de su impacto en el espacio cívico.
La entrada en vigor de la Ordenanza tuvo efectos inmediatos. La emisora Radio Free Asia, financiada por Estados Unidos, cerró su sede; universidades y librerías retiraron publicaciones consideradas sensibles y el Ejecutivo reforzó sus facultades para exigir la eliminación de contenidos digitales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que las disposiciones “podían favorecer la autocensura y el silenciamiento de opiniones legítimas”.
Elecciones con participación mínima y sin oposición
Las recientes elecciones al Consejo Legislativo registraron una participación del 31,9 %. El proceso se desarrolló bajo las reglas electorales introducidas en 2021, que exigen demostrar “patriotismo” para presentarse a cargos públicos y reservan un papel decisivo al Comité Electoral, dominado por perfiles afines al Gobierno central.
La presencia de observadores independientes fue limitada y el proceso estuvo acompañado por vigilancia policial reforzada. En los días previos, al menos once personas fueron detenidas por promover el boicot o el voto en blanco, conductas consideradas “interferencias” en la seguridad nacional.
La campaña estuvo marcada por el voraz incendio de Wang Fuk Court, el peor en décadas, que dejó 160 fallecidos y condicionó el debate público.
El espacio opositor sufrió un retroceso adicional, cuando el Partido Democrático —la formación prodemocrática más veterana— anunció este domingo su disolución al considerar inviable operar en el entorno legal actual.
Persecución transnacional
Estos dos últimos años, el Gobierno extendió sus actuaciones a ciudadanos exiliados en Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos. La policía emitió órdenes de busca y captura contra activistas en el extranjero bajo cargos de colusión con fuerzas extranjeras y sedición, con recompensas de hasta un millón de dólares hongkoneses.
Los listados incluyen a exlegisladores, abogados, periodistas y líderes estudiantiles que abandonaron el territorio tras 2020.
Gobiernos occidentales denunciaron estas prácticas como un intento de “aplicar extraterritorialmente” la controvertida legislación, pero las autoridades locales defendieron su actuación contra “delitos graves”, y que las recompensas eran una herramienta “legítima” en su marco jurídico.
Organizaciones internacionales alertaron de que esta estrategia podía disuadir la participación política de la diáspora y dificultar la labor de colectivos de derechos humanos desde el extranjero. Varios activistas denunciaron acoso y amenazas en redes sociales tras la publicación de sus nombres y fotografías.
Retroceso continuado en libertad de prensa
Hong Kong descendió al puesto 140 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.
La Asociación de Periodistas documentó auditorías fiscales simultáneas a medios independientes, dificultades para acceder a zonas de interés público, restricciones para fotografiar instalaciones vinculadas a la Oficina de Seguridad de Pekín y cancelaciones de eventos culturales relacionados con reporteros.
En 2024 se endureció el acceso al registro de vehículos, herramienta clave para la investigación del gremio. La fotoperiodista de Associated Press Louise Delmotte fue rechazada en la frontera en septiembre de ese año, y la representante de Reporteros Sin Fronteras Aleksandra Bielakowska fue detenida y expulsada en abril.
La radiotelevisión pública RTHK modificó su programación, retiró archivos históricos y suprimió contenido considerado sensible.
Jimmy Lai como caso emblemático
El magnate mediático Jimmy Lai fue declarado culpable este lunes de dos delitos de conspiración con agentes extranjeros y uno de publicación sediciosa, cargos introducidos en el marco legal de seguridad nacional. Según la jueza Esther Toh, impuesta por el Ejecutivo, Lai “pretendía desestabilizar al Gobierno”.
Tras el fallo, el Comité para la Protección de Periodistas calificó la sentencia como “un acto de persecución” y advirtió de que el riesgo para su salud “aumenta cada día”, ya que Lai lleva cinco años en prisión preventiva