Ley Edna busca frenar descalificaciones mediáticas hacia mujeres
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Por: Citlalli Tepale
La diputada del distrito 16 por el partido Morena, Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó la Ley Edna ante el pleno del congreso local, la cual tiene como objetivo proteger a las mujeres y niñas de Puebla frente a la violencia mediática y la estigmatización que pueden sufrir a causa de imputaciones relacionadas sobre su salud mental.
Esta ley es impulsada por la conductora de televisión e instructora de yoga, Edna Monroy, quien al sufrir una campaña de odio por parte de sus ex parejas tratando de descalificarla, haciéndola ver como mentirosa, con la finalidad de que desprestigiar su imagen pública, decidió alzar la voz y junto a legisladora presentar dicha ley ante el Congreso de Puebla y próximamente ante la Cámara de Diputados.
Monroy dio a conocer que sufrió violencia psicológica, económica y física por parte de su ex pareja, quien a pesar de ponerle una orden de restricción y denuncia, no paro de violentarla.
La expareja buscó al exesposo de la conductora para iniciar una campaña mediática digital en su contra, en la que se difundieron videos donde ella aparece discutiendo con alguno de ellos, sin mostrar el contexto completo, lo que la llevó a enfrentar problemas en su trabajo y a que internautas se posicionaran en su contra.
“Estamos promoviendo esta ley, en donde no se pueda acusar mediáticamente a una mujer, menos llamarla loca, exagerada, fuera de si, cuando hay un contexto previo”.
Por otra parte, Palomares Ramírez señaló que existen hombres que ocupan las redes sociales y medios de comunicación para desprestigiar las versiones verídicas de muchas víctimas y así ellos poderse quitar la responsabilidad de la violencia que han ejercido hacia las mujeres, lo que debe evitarse no sólo en Puebla sino también a nivel nacional.
“Y lo que queremos hacer es que se manejen versiones lo suficientemente objetivas cuando se hablen de temas de violencia y sobre todo cuando una mujer quiera levantar la voz”.
Informó que en a Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),1 reportó que 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, y que el ámbito comunitario es donde se registra mayor prevalencia (45.6%), destacando la violencia psicológica como la más frecuente (51.6%).
Aunado al tema, en el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2023 del INEGI estimó que 22.0% de las mujeres usuarias de internet de 12 años y más fue víctima de ciberacoso (periodo julio 2022–agosto 2023), y entre quienes identificaron el sexo de la persona agresora, 53.0% señaló que la agresión provino únicamente de hombres; además, uno de los principales medios de ocurrencia fue Facebook (45.6% en mujeres), lo que muestra cómo el descrédito, los mensaje ofensivos y el hostigamiento se amplifican en plataformas que operan como espacios de difusión con efectos reales sobre la vida, la reputación y la seguridad de las mujeres.
Esta propuesta de ley pretende modificar a los artículos 23 Bis 1 y 23 bis 2 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el fin de incorporar expresamente las imputaciones de falta de salud mental como una de violencia que causa daños psicológicos, económicos y sociales. Esto implica reconocer que la violencia mediática puede ser ejercida de manera individual o coordinada (campañas articuladas por dos o más personas).
Además, de robustecer las medidas de protección en casos de violencia digital o mediática, por el que, se establece que las medidas de protección deben contemplar la protección del entorno laboral con la finalidad de prevenir la pérdida del empleo, las represalias y el debilitamiento de la autonomía económica de la víctima derivados del acoso y del daño reputacional.
De igual forma, contempla acciones de prevención y fortalecimiento institucional para garantizar una respuesta integral ante la violencia mediática y digital con enfoque preventivo, donde plantea la protección de las víctimas, prevención de la revictimización, garantización al acceso efectivo a protección y justicia, evitar la pérdida del empleo por ataques reputacionales, prevenir y atender agresiones en entornos digitales y comunitarios.