
En San Martín Texmelucan la escena ya no es metáfora: una patrulla municipal estacionada en un predio donde operaba una célula criminal. Eso fue lo que dejó al descubierto el enfrentamiento armado del fin de semana en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac entre presuntos delincuentes y agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
El saldo no es menor: detenidos, armas de alto calibre, droga asegurada y un inmueble vinculado a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. El propietario del predio, según versiones difundidas en la región, sería Pablo N, mando dentro de la corporación municipal.
Sí: el lugar donde operaban criminales pertenecería a un funcionario de seguridad del propio ayuntamiento.
Y la patrulla municipal estaba ahí.
Ese dato por sí solo convierte el caso en algo más que un operativo policial. Es un problema político.
Porque las patrullas no se estacionan solas en casas equivocadas.
El antecedente que nadie quiso ver.
Hace apenas unos días apareció un cadáver dentro de una camioneta cerca de Plaza Cristal en Texmelucan. El mensaje dejado junto al cuerpo señalaba presuntos vínculos entre criminales y autoridades municipales.
En ese momento el hecho se trató como otro episodio violento en una región donde la violencia lleva años instalada. Texmelucan ha sido históricamente territorio de disputa por el robo de combustible, células delictivas y rutas logísticas hacia la Ciudad de México.
Pero ahora el mensaje adquiere otro peso.
Porque cuando un predio ligado a un funcionario de seguridad aparece como base de operación criminal, la línea entre rumor y realidad se vuelve peligrosamente corta.
Lo que ya venían señalando otros medios
El tema no surgió de la nada. Durante meses distintos medios regionales como Status Puebla, Contrastes de Puebla y Parabólica han publicado reportes sobre problemas internos en la policía municipal, episodios de violencia creciente y cuestionamientos sobre el control real de la seguridad en Texmelucan.
Nada que pareciera mover demasiado al ayuntamiento.
Hasta que apareció la patrulla.
Un municipio bajo presión
Texmelucan no es un municipio pequeño: supera los 160 mil habitantes y es uno de los nodos industriales y comerciales más importantes del corredor Puebla-Valle de México. Su ubicación lo convierte también en un punto estratégico para actividades criminales.
Por eso la posible infiltración en corporaciones municipales no es un tema menor.
Cuando un operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla termina revelando que criminales operaban en un predio ligado a un mando de seguridad municipal, el asunto deja de ser administrativo.
Se convierte en responsabilidad política inmediata.
La pregunta inevitable
¿cómo terminó una patrulla municipal en un inmueble vinculado a un funcionario de su propia Secretaría de Seguridad donde operaba una célula criminal?
No es una duda menor. Es la pregunta central del escándalo.
Porque en México la historia reciente ya mostró demasiados casos donde la infiltración criminal empieza en la policía municipal y termina en la oficina del presidente municipal.
La Fiscalía General del Estado de Puebla tiene ahora la investigación en sus manos.
Y Texmelucan tiene algo aún más urgente: explicaciones inmediatas.
Porque cuando las patrullas aparecen del lado equivocado de la ley, el problema ya no es sólo de seguridad.
Es de gobierno.