Necesario destrabar condiciones para inversión en infraestructura
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El IMCO señaló que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar, que prevé incorporar 722 mil millones de pesos adicionales mediante distintos esquemas de inversión durante 2026 y 5.6 billones de pesos en nuevos proyectos para 2030, es poco probable se materialice.
Señaló que los proyectos, suelen enfrentar retrasos derivados de procesos de asignación, estructuración contractual, obtención de permisos, así como conflictos laborales, sociales y consideraciones ambientales.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) repasó que el 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de impulsar la inversión en infraestructura mediante esquemas que integren recursos públicos y privados.
Recordó que en Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar equivale a la inversión física pública acumulada entre 2019 y 2024 (5.6 billones).
Expuso que, para desarrollar estos proyectos, la iniciativa plantea dos esquemas de participación mixta: la contratación de largo plazo —en la que sector privado financia, construye y opera la infraestructura y recupera su inversión mediante pagos vinculados al desempeño— y la inversión mixta, donde sector público y privado participan en el financiamiento, desarrollo y operación de los proyectos, y comparten riesgos.
Resaltó que el diseño institucional será determinante para el éxito de estos planes.
Consideró que la concentración de decisiones en el Consejo de Planeación Estratégica, sin mecanismos de revisión externa ni contrapesos en forma de expertos independientes, puede afectar tanto el desarrollo de los proyectos como la certeza jurídica y los incentivos para la participación privada.
Manifestó que es poco probable que el monto planteado en el Plan de Infraestructura se materialice dentro del periodo 2026–2030.
Argumentó que los proyectos de infraestructura suelen enfrentar retrasos derivados de procesos de asignación, estructuración contractual, obtención de permisos, así como conflictos laborales, sociales y consideraciones ambientales.
Por ello, concluyó, es previsible que se alarguen los procesos de una parte relevante de la inversión anunciada.