
Por: Citlalli Tepale
El diputado del Partido Fuerza por México, Elpidio Diaz Escobar presentó una iniciativa para cambiar el nombre del Capítulo II y agregar los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Transporte del Estado de Puebla. Dicha propuesta busca reconocer y proteger los derechos de las personas operadoras y concesionarias del transporte público.
Asimismo, el artículo 19 Bis prevé los derechos de las personas operadoras del transporte público, al establecer la posibilidad de que reciban reconocimientos por parte de la Administración Pública, en atención a sus años de servicio, profesionalismo y compromiso en el desempeño de su labor.
Además, se establece que las personas operadoras recibirán capacitación gratuita en materia de atención a las personas usuarias del transporte público, así como en la atención y reacción ante siniestros viales, casos de acoso sexual y demás delitos que puedan cometerse a bordo de las unidades de transporte público.
De igual forma, al iniciar la jornada laboral, las personas operadoras deberán recibir la unidad de transporte público que van a operar en condiciones óptimas de higiene y limpieza, en buen estado físico y mecánico, así como con póliza de seguro vigente de cobertura amplia que incluya asesoría y representación legal. Así como también a recibir trato digno y respetuoso tanto de las autoridades, personas usuarias del transporte público, de sus patrones o personas concesionarias.
Por otro lado, el artículo 19 Ter señala que las personas concesionarias del transporte público de pasajeros podrán recibir reconocimientos por parte del gobierno cuando contribuyan a mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía, capaciten o impulsen la profesionalización de las personas operadoras, promuevan una mejor cultura de movilidad o incorporen tecnologías sustentables en la prestación del servicio.
Como parte del cambio de nombre del Capítulo II de la Ley de Transporte, actualmente denominado ‘Derechos de los usuarios y principios de los servicios’, la iniciativa de decreto propone reformar dicha denominación para quedar como ‘De los derechos de las personas usuarias, operadoras, concesionarias y principios de los servicios’.
La iniciativa se tunó a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente.