Susana Riestra presenta iniciativas para atender a menores víctimas y prevenir la violencia escolar
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Por: Citlalli Tepale
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra presentó dos iniciativas que fueron creadas con el expetiz de grupos conformado por especialistas de psicología, criminología y pedagogía, la primera contempla la reparación del daño que la violencia le causó a los menores víctimas indirectas de feminicidio u homicidio, y la otra busca prevenir que en las aulas se practiquen conductas violentas que puedan evolucionar a conductas delictivas
“Proteger a un niño que sufre el impacto de la violencia es un acto de justicia elemental. Blindar sus escuelas para evitar que se conviertan en semilleros de delincuencia es nuestra responsabilidad. Pongamos el derecho a la paz y la salud mental en el centro de las prioridades de este Congreso”, enfatizó la legisladora blanquiazul.
La primera propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para el Estado de Puebla, donde se prevé la creación de ludotecas terapéuticas y de una Unidad Especializada de Atención Integral bajo la directriz de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), para atender a menores de edad que fueron víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
Asimismo, la segunda iniciativa, reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Prevención Social y Comunitaria de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Puebla, para promover e implementar acciones de prevención social y comunitaria de la violencia y la delincuencia en los entornos educativos, en coordinación con las autoridades competentes a través de la promoción de la convivencia pacífica, desarrollo de programas de prevención de violencia o acoso escolar, adicciones y otras conductas que afecten la convivencia escolar y seguimiento por parte de profesionistas especializados.
Igualmente, la detección temprana y canalización oportuna de factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo integral de los menores de edad; la participación de madres, padres, tutores, docentes y directivos; Coordinación entre autoridades educativas, de seguridad pública, salud, bienestar, entre otros; y la promoción de mecanismos de atención psicosocial y acompañamiento especializado para la comunidad escolar.
Las propuestas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.