
Presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor
Las plataformas tendrían que comprobar las acreditaciones en registros oficiales antes de publicar perfiles u ofrecer consultas
Liz Sánchez, presentó ante el Pleno del Senado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), una iniciativa para que las plataformas digitales verifiquen la identidad, el título y la cédula profesional de psicólogos y psiquiatras que ofrecen consultas por internet.
La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor para que las personas tengan información comprobada sobre quien les atenderá antes de contratar un servicio de salud mental.
“Dar el paso de pedir ayuda requiere valor, y nuestra responsabilidad es procurar que encuentre atención profesional y un trato digno”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna.
Liz Sánchez reconoció que las consultas a distancia acercan la atención a quienes viven lejos o tienen dificultades para trasladarse. Señaló que una fotografía, una descripción o un diploma publicado en internet son insuficientes para comprobar la preparación de quien ofrece sus servicios.
Por ello, explicó que la iniciativa propone que las plataformas cotejen la identidad, el título y la cédula profesional en registros oficiales antes de publicar un perfil u ofrecer una consulta. En el caso de psiquiatría, también tendrían que comprobar la especialidad. Asimismo, se verificarían los posgrados anunciados y las nuevas acreditaciones que se incorporen.
La información tendría que ser clara y estar disponible antes de contratar, para que las personas puedan elegir con mayor tranquilidad.
La propuesta también contempla que las plataformas revisen los reportes de irregularidades. Si se confirma que hay documentación falsa, que pertenece a otra persona o que existe un impedimento legal para ejercer, tendrían que retirar la oferta y avisar a la autoridad competente.
Además, prevé un plazo de 60 días para revisar los perfiles existentes y adecuar la operación, así como la coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor para orientar, vigilar y canalizar quejas.
Al solicitar el respaldo a la iniciativa del Grupo Parlamentario del PT, Liz Sánchez destacó que también se busca reconocer a quienes se han preparado y ejercen su profesión con responsabilidad.