Como parte de la política cero corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 13 empresas de las 19 que incurrieron en hechos de colusión mientras prestaban servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre, informó el titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino.

La operación consistía en acuerdos orientados a la repartición ilícita de contratos a partir de la omisión de datos para que resultara ganadora la o las compañías que habían acordado previamente. Además, seis de las 19 empresas cometieron prácticas monopólicas, detalló el funcionario.

Las sanciones de la SFP consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas que alcanzan casi los dos mil millones de pesos. En cuanto a las seis empresas restantes, están en curso 23 investigaciones, apuntó en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De las sanciones y multas determinadas, ocho se encuentran firmes y 16 están pendientes de resolución judicial, ya que las entidades empresariales en uso de sus derechos legales han interpuesto medios de defensa y otras tácticas dilatorias, cuyo propósito es impedir las penas.

Esta situación permite que las empresas que cometieron irregularidades continúen participando en los procedimientos de contratación porque no es legal impedirlo hasta que las resoluciones se efectúen.

Para contrarrestarlo, la Secretaría de la Función Pública revisa la documentación de los licitantes por si existe alguna situación anómala o de simulación. Adicionalmente, está en estudio un proyecto de reforma legislativa que permita la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones.

“Con objeto de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cumplimiento del artículo 134 constitucional y así incrementar la calidad de los servicios de salud en el ISSSTE, está en marcha un proceso para que los servicios de estudios de laboratorio clínico y banco de sangre se han prestados directamente por el Instituto”, refirió.

La Secretaría de la Función Pública promueve y orienta a las empresas en la instrumentación de controles internos y programas de integridad, por lo que pone a disposición el Padrón de Integridad Empresarial.

“Con los controles que se aplican en los procesos de licitación y contratación y con la implementación del padrón de integridad, la Secretaría de la Función Pública actúa para garantizar que los servicios médicos se realicen con eficacia y con honestidad”, enfatizó.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, explicó que se rediseñó la licitación pública a efecto de no limitar la participación de los interesados, lo que significa que los servicios se dividieron en un mayor número de partidas a fin de fomentar la participación de empresas locales.

Al mismo tiempo se eliminó el requisito de la carta de apoyo del fabricante de los equipos médicos, ya que esto sólo permitía la participación de grandes empresas a través de acuerdos previos con los fabricantes.

El IMSS ha detectado el interés por participar de empresas que han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, la ley es tajante y no se pueden evaluar propuestas bajo ninguna circunstancia con empresas impedidas o inhabilitadas, aseveró.

La situación actual de licitación pública de los servicios de laboratorio clínico y de bancos de sangre permite la participación de empresas internacionales, nacionales y locales bajo una rigurosa evaluación legal, técnica y económica. Los fallos están previstos para julio.

Foto: Presidencia de México