Por: Paul Cabrera
El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, obtuvo su libertad condicional para seguir su proceso legal desde su hogar, una decisión que ha generado gran indignación en la periodista Lydia Cacho. Esta noticia fue difundida por la propia Lydia Cacho a través de sus redes sociales, donde criticó duramente la medida tomada por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez. La jueza decidió cambiar la medida cautelar impuesta a Marín Torres, permitiéndole seguir su proceso en libertad tras pagar una multa de cien mil pesos.
Lydia Cacho, conocida por su labor periodística en la investigación de redes de trata de personas, fue detenida en 2005 bajo las órdenes de Marín Torres, quien actuó en complicidad con el empresario Kamel Nacif. La detención de Cacho se realizó como represalia por sus investigaciones, las cuales expusieron la corrupción y complicidad de altos funcionarios en redes de explotación sexual infantil. Aunque en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró a Marín, el caso fue reabierto bajo la administración actual, llevando a su detención en 2021 en Acapulco.
La jueza Ortuño Suárez argumentó que el delito de tortura, por el cual se investiga a Marín Torres, no amerita prisión preventiva oficiosa, una decisión que Cacho ha calificado como una afrenta a la justicia y una muestra de la protección que el sistema judicial otorga a los poderosos. “Es increíble que, tras tantos años de lucha, el sistema judicial decida proteger a un torturador y dejar en la indefensión a las víctimas,” señaló la periodista en su cuenta de X, manifestando su indignación.
Este cambio de medida cautelar se produjo en un momento crucial del juicio, justo antes de que se dictara la sentencia, lo que ha generado sospechas sobre la imparcialidad del proceso. Además, Lydia Cacho destacó que Adolfo Murillo Karam, exprocurador de justicia y también implicado en su caso, recibió una medida similar días antes, reforzando la percepción de un sistema judicial que favorece a los influyentes.
Lydia Cacho ha solicitado la intervención de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para revocar la decisión y asegurar que se haga justicia. “Es un privilegio para los más poderosos,” subrayó Cacho, haciendo un llamado a la sociedad para exigir un sistema judicial que proteja verdaderamente a las víctimas y no a los perpetradores de crímenes graves. Esta situación ha suscitado un amplio debate sobre la justicia en México, evidenciando las profundas desigualdades y la necesidad de una reforma judicial efectiva.