Por: Paul Cabrera
En México, jueces y magistrados federales se unieron a un paro nacional a partir del miércoles 21 de agosto, en una protesta contra la reforma al Poder Judicial liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que ha sido vista como una amenaza directa a los derechos laborales y a la independencia del sistema judicial, ha generado una respuesta masiva y dura por parte de los trabajadores del sector.
El paro, que se extiende por 20 de los 32 estados del país, ha paralizado el funcionamiento de tribunales federales y ha sido acompañado por manifestaciones pacíficas frente a la Cámara de Diputados. Esta movilización sigue a las protestas que desde el lunes 19 de agosto, han involucrado a más de 55,000 empleados del Poder Judicial en rechazo al proyecto de reforma.
La reforma que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, ha sido calificada por Andres Manuel López Obrador como una medida necesaria para limpiar lo que él describe como un poder judicial “corrupto”. Sin embargo, críticos y expertos en derecho han señalado que esta medida podría abrir las puertas a la intromisión política en la justicia y debilitar la imparcialidad que debe caracterizar al Poder Judicial.
Además de poner en riesgo la independencia judicial, los empleados del Poder Judicial han denunciado que la reforma podría significar la eliminación de la carrera judicial y de varias prestaciones laborales, lo que ha motivado su decisión de suspender indefinidamente las labores hasta que sus demandas sean escuchadas.