Paraguay, que en 2023 contabilizó 3.552 denuncias de abuso sexual infantil, un promedio de 10 por día, busca endurecer el castigo por este delito con hasta 28 años de prisión, la segunda pena más elevada de su sistema judicial y que se ubicaría entre las mayores de la región, aseguró el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez.
En una entrevista con EFE, el funcionario tachó de “pandemia” este “mal”, que consideró no es exclusivo del país ni de la región y que Paraguay busca afrontar con un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso por el cual se modifican los artículos 128 y 135 del Código Penal.
“Ahora queremos que el aumento sea un aumento de penas más decidido con esta propuesta legislativa que tiene media sanción en el Senado”, afirmó Gutiérrez sobre la propuesta que avanzó en la Cámara Alta y pasó a debate de los diputados.
El titular de la Niñez y la Adolescencia explicó que en 1997 el Código Penal establecía para los abusadores de niños “penas similares” e incluso menores a delitos como el abigeato o hurto de cabezas de ganado.
Las condenas tuvieron un “ligero aumento” en 2008 y en 2017, con una nueva modificación al artículo 135 del Código Penal, se volvieron a elevar. No obstante, el panorama de la incidencia de este delito se ha mantenido.
En ese contexto y después de una seguidilla de casos de pequeños abusados, tres de los cuales perdieron la vida en las últimas semanas, las penas para los responsables de este delito han vuelto a ser tema de debate.
“Estamos trabajando en este proyecto de ley que busca aumentar las penas contra los abusadores de niños a un tope de 28 años”, resaltó el ministro, para quien “lo más importante” es la señal que se está dando “como Estado”.
Gutiérrez destacó que, de aprobarse la iniciativa de ley, el abuso sexual a niños o adolescentes sería “el segundo hecho punible con penas más elevadas” del sistema penal local.
“La propuesta inicial fue que se equipare al de homicidio doloso”, admitió el funcionario, al referir que ese delito prevé penas de 30 años, mas medidas de seguridad.
Sin embargo, para no “romper” el principio de proporcionalidad de las penas, se acordó elevar a unos 28 años más medidas de seguridad la condena máxima en los casos de abuso sexual en niños.
“Hay un debate entre si eso traería la solución o no a los casos de abuso sexual en niños y, en ese sentido, también somos claros y somos muy enfáticos de que no es la única solución”, admitió Gutiérrez, al abogar por la prevención y la educación.
Actualmente, la pena por este delito, con su mayor agravante, puede ascender a 20 años de reclusión.
El proyecto de ley -que incorpora de la legislación española el término acceso carnal- busca endurecer la sanción para los “casos menos graves”, que pasaría de entre 4 y 12 años de prisión a entre 5 y 15 años.
“De aprobarse esto que hoy tiene media sanción en el Senado, tendríamos el tipo penal en abuso sexual en niños más elevado, la pena más elevada de la región. Eso es categórico”, sentenció Gutiérrez.
Tras un decreto promulgado en abril pasado en México, la sanción por abuso sexual contra niños con menos de 15 años subió hasta 30 años. En Perú, la ley aplica cadena perpetua por violación sexual en agravio de menores de edad.
Consultado sobre la prevalencia de este delito, Gutiérrez señaló que en 2022 el país tuvo “la cresta de la ola en cuanto a denuncias de abuso sexual en niños”, con 3.794 casos, lo que, aseguró, representó “un promedio de un abuso sexual casi cada dos horas”.
Un año después, según cifras del Ministerio Público, se realizaron 3.552 denuncias, es decir, prácticamente 10 casos por día, y en los primeros seis meses del año se han registrado 1.840 reportes.
De mantenerse esa cifra como patrón, el 2024 podría cerrar con alrededor de 3.100 casos denunciados, apuntó el ministro.