Por: Paul Cabrera
La audiencia pública liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la tragedia del sumergible Titan, que implosionó en junio de 2023 durante una expedición a los restos del Titanic, ha revelado una serie de fallos de seguridad que ponen en juicio las operaciones de OceanGate, la empresa responsable del sumergible.
A lo largo de catorce días, testigos clave y decenas de pruebas han aportado detalles estremecedores sobre las fallas que llevaron al fatal desenlace. Entre los testimonios más impactantes está el de Antonella Wilby, excontratista de OceanGate, quien describió los métodos rudimentarios empleados para el seguimiento del Titan, incluyendo el uso de hojas de Excel y cuadernos escritos a mano para mapear su posición bajo el océano.
Antonella Wilby también recordó un incidente anterior donde se escuchó un fuerte estallido durante una inmersión, sin que se realizara una inspección posterior del sumergible, reflejando la negligencia dentro de la empresa. La excontratista señaló que las decisiones técnicas eran tomadas bajo la presión del CEO, Stockton Rush, fallecido en el accidente, quien rechazaba los consejos sobre mejoras de seguridad.
Por su parte, David Lochridge, exdirector de operaciones de OceanGate, denunció en su declaración que desde 2015 había advertido sobre los riesgos del diseño y la construcción del Titan. Según Lochridge, el casco de fibra de carbono, pieza clave del sumergible, presentaba arrugas y fallas desde su fabricación. “Todo era humo y espejos”, afirmó. El ingeniero también relató momentos de pánico vividos durante inmersiones anteriores con Rush al mando, describiéndolo como una persona que priorizaba los ingresos económicos sobre la seguridad.
Otro testigo, el ingeniero Don Kramer, subrayó que las capas de fibra de carbono del casco recuperado tras la implosión mostraban una significativa delaminación, confirmando que el material no era adecuado para soportar las condiciones extremas a las que se sometía. Esta problemática ya había sido advertida tras un “fuerte evento acústico” registrado en una inmersión en julio de 2022, pero la empresa no tomó medidas al respecto.
Con la investigación aún en curso, el futuro de OceanGate es incierto. La empresa suspendió sus operaciones tras el accidente, y su único representante durante la audiencia ha sido un abogado. Se espera que el panel presente conclusiones que podrían desencadenar responsabilidades penales y la implementación de regulaciones más estrictas para las futuras misiones de turismo submarino.