Investigan a Yoon por obstruir orden de detención en su contra
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La Policía surcoreana anunció este viernes la apertura de una investigación contra el presidente Yoon Suk-yeol por las sospechas de que obstruyó la orden de detención en su contra, que fue ejecutada a mediados del mes pasado tras un primer intento fallido.
La Policía considera que el presidente, que permanece en el cargo aunque fue inhabilitado por el Parlamento a mediados del pasado diciembre a raíz de su fugaz declaración de la ley marcial, trató de bloquear la aplicación de la orden de detención recurriendo al Servicio de Seguridad Presidencial (PSS).
Mensajes de texto recabados por las autoridades muestran que Yoon dio instrucciones al jefe de este servicio, Kim Seong-hoon, para que el PSS tratara de impedir el acceso de la Policía a la residencia presidencial el pasado día 3 de enero, en un primer intento de ejecutar la orden, y también el 15 de enero, cuando tuvo lugar el segundo intento.
El primer intento fue abortado tras un largo encaramiento entre los oficiales de la fiscalía y de la policía que trataron de acceder a la residencia donde se refugiaba Yoon y los integrantes del PSS, que impidieron el operativo.
En el segundo intento, las autoridades desplegaron un operativo mucho mayor, que incluía un millar de policías, y lograron acceder a la residencia tras vivirse de nuevo momentos de tensión por las barreras humanas que formaron los operativos del PSS, políticos de la misma formación de Yoon y centenares de simpatizantes que se congregaron en torno al lugar.
Yoon se encuentra bajo custodia en un centro de detención de Seúl desde su arresto el día 15, y está siendo juzgado por un tribunal local por el delito de insurrección -el único al que no es inmune un presidente en el cargo y por el que se le podría condenar a cadena perpetua- relacionado con su declaración de la ley marcial a comienzos de diciembre.
Además, el presidente es objeto de otro juicio político en el Tribunal Constitucional, que determinará en las próximas semanas si su destitución por parte del Parlamento es o no definitiva.
Si el Constitucional decide confirmar la destitución de Yoon, este perdería su inmunidad y podría ser procesado también por el delito de obstrucción de la función pública, un crimen para el que el Código Penal surcoreano contempla hasta cinco años de cárcel.
Yoon y su equipo de abogados han mantenido que las órdenes de detención en su contra eran ilegales y han afirmado ante el Constitucional que su declaración de la ley marcial se ajustó a lo contemplado por el cuadro legal surcoreano.