
Un restaurante del distrito madrileño de Usera fue clausurado el pasado 25 de marzo tras una inspección municipal que develó una escena digna de una pesadilla sanitaria. En el menú, el local presumía de platos sofisticados como el pato laqueado, pero en la cocina —y en un almacén oculto detrás del baño— lo que realmente se cocinaba era una combinación de fraude gastronómico, insalubridad extrema y delitos ambientales.
La intervención, realizada por agentes de la Comisaría Integral del Distrito de Usera a las 13:00 horas, sacó a la luz un cúmulo de infracciones que motivaron el cierre inmediato del establecimiento, ubicado en el número 37 de la calle Perpetua Díaz. En el momento de la inspección, el local se encontraba en funcionamiento, con dos clientes y el responsable del negocio presente.
Desde el primer vistazo, los policías detectaron un entorno caótico: música a volumen desmedido, pasillos llenos de objetos que obstruían el paso, salidas de emergencia cerradas con candados o cubos de basura, y extintores colocados por debajo de la altura exigida por la normativa.
Pero lo peor se encontraba tras la barra. En la cocina, sartenes oxidadas se amontonaban en el suelo, un horno funcionaba fuera del alcance de la campana extractora, y la grasa se acumulaba en suelos, paredes y fogones. Los empleados manipulaban alimentos sin guantes ni gorros, portando relojes y anillos, mientras cucarachas rubias alemanas se paseaban entre los utensilios. El repelente antiplagas, sencillamente, no funcionaba.
En el cuarto de basura, completamente colapsado, los agentes hallaron un recipiente sin tapa con más de 100 litros de grasa en descomposición. La situación ya justificaba el cierre del local, pero una estancia escondida elevó el caso a otra dimensión.
A través de una estantería corrediza instalada en el baño adaptado para personas con movilidad reducida, se accedía a un almacén clandestino donde se almacenaban ocho congeladores industriales oxidados, sin control de temperatura ni termómetros. Allí se encontraron más de una tonelada de carne y pescado sin etiquetado ni trazabilidad sanitaria. Entre los productos incautados: gallinas negras congeladas, tiras de carne colgadas de tendederos con ventiladores apuntando directamente, grasa derramándose sobre cartones en el suelo y trampas para ratas cebadas con carne en descomposición.
Pero fue otro hallazgo el que marcó un punto de inflexión en el operativo: dos palomas domésticas desplumadas, aparentemente preparadas para ser cocinadas y servidas como si fueran pato laqueado. Una estafa culinaria que roza lo grotesco y que pone en evidencia el grado de descontrol en el manejo de alimentos del establecimiento.
Además, se encontraron 184 unidades de gomitas con forma de pato, 183 envases de aditivos y colorantes importados de China sin etiquetado legal, plantas secas posiblemente usadas para infusiones y bivalvos con lodo, también sin control sanitario. Especialmente preocupante fue la presencia de dátiles de mar chinos (Lithophaga lithophaga) y pepinos de mar (holoturias), especies protegidas cuya tenencia y comercialización están prohibidas por el Reglamento (UE) 2019/1021 y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El dátil de mar, en particular, es considerado una amenaza ecológica por los métodos destructivos empleados en su recolección.
El dueño del restaurante fue imputado por un presunto delito contra la salud pública y otro contra la fauna y flora. Las muestras de alimentos decomisados han sido remitidas a laboratorios oficiales para analizar la posible presencia de aditivos ilegales como el Sudan I o el Rhodamine B, colorantes altamente tóxicos y prohibidos en la Unión Europea.
Esta clausura se enmarca en un operativo más amplio desplegado por el Ayuntamiento de Madrid para reforzar los controles sanitarios en la hostelería del distrito de Usera, donde conviven cientos de restaurantes de cocina internacional. Solo en lo que va de 2024, se han realizado más de 350 inspecciones en la zona, con al menos 17 cierres derivados de condiciones insalubres o infracciones graves de la normativa alimentaria.
En este caso, el fraude va mucho más allá de un etiquetado engañoso: lo que se ofrecía como un plato de alta cocina resultó ser un atentado múltiple contra la salud pública, el medio ambiente y la dignidad de los comensales.
Crédito: EuropaPress