Los desafíos de Bolivia ante el embarazo adolescente

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La falta de educación integral de la sexualidad y de normativas específicas son tareas pendientes en Bolivia contra el embarazo adolescente, una problemática que en cifras oficiales reporta disminuciones, pero que no deja de ser lacerante por los casos que todavía se presentan y que involucran sobre todo a niñas menores de 14 años.

El caso más reciente fue el de una niña de 12 años que a principios de abril dio a luz en una ambulancia cuando era trasladada desde un municipio rural a un centro de salud en el Altiplano “mostrando un cuadro crítico por la edad que tiene”, según la Defensoría del Pueblo.

La menor quedó embarazada tras ser violada por su profesor, que está encarcelado preventivamente.

La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2023 presentada la semana pasada muestra que la tasa específica de fecundidad disminuyó en el segmento de 15 a 19 años, al pasar de 84 nacimientos por cada mil adolescentes en 1998 a 48 en 2023.

Ese indicador en las áreas urbanas es de 35 nacimientos por cada mil adolescentes y en las áreas rurales es de 88.

La coordinadora de Programas de la Fundación Alianza por la Solidaridad, Ximena Pabón, explicó a EFE que entre 2018 y 2023 hubo una reducción del 18 al 14 % en embarazos de adolescentes de 15 a 19 años, algo que no ocurre con el segmento de menores de 14 años, según datos del Ministerio de Salud.

Esto se relaciona con algo que ocurre seguido en el país para “resolver situaciones de violencia sexual”, que es casar a las víctimas con sus atacantes.

Además, la educación sexual en los colegios es escasa, en parte por la presión de los padres “que no quieren que se dé información a sus hijos porque se tiene la falsa creencia de que de esa manera van a iniciar las relaciones sexuales de forma más temprana, lo cual no es real”, señaló.

Normativas y retos

Pabón mencionó que el embarazo adolescente está vinculado con los matrimonios y uniones tempranas, y recordó que desde 2014 se tiene registro de 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años.

La norma que abrió las puertas a esto es el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que avala los matrimonios a partir de los 16 años siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental.

En el Senado actualmente hay un proyecto de ley para prohibir los matrimonios y uniones libres entre o con menores de 18 años, a partir de la recomendación de organismos internacionales para eliminar esa excepción.

Por otra parte, desde 2014 rige una sentencia constitucional que estableció que no es necesaria una autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de abuso o un informe médico que señale que la vida de la mujer corre riesgo, según corresponda, para acceder a la interrupción de la gestación.

No obstante, Pabón alertó que su cumplimiento ha sido “bastante limitado” por la reticencia del personal de salud a aplicar el procedimiento.

La experta lamentó que haya tanto “prejuicio” y una “falta de educación integral de la sexualidad” por miedo a hablar de ese tema en los hogares y colegios “como si fuera algo malo”.

“No podemos taparnos los ojos ante una situación que es bastante problemática y donde tenemos un montón de medios y canales de información por los cuales los jóvenes hoy en día están aprendiendo sobre sexualidad”, como la música con letras misóginas o los videojuegos donde se “hipersexualiza” a las mujeres, señaló.

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Bolivia, el ecuatoriano Pablo Salazar, señaló que el organismo celebra que “en promedio el embarazo adolescente va cayendo”, aunque reconoció que “no cae para todos los sectores igual”.

Salazar consideró que el “desafío” está en empezar a ver el embarazo adolescente específicamente en los grupos donde los indicadores permanecen elevados.

También resaltó la importancia de tomar atención al embarazo de niñas de 10 a 14 años, “que no es tanto un tema de acceso a anticonceptivos” o a servicios de salud, sino de “educación”, de proteger a las niñas, “de cambiar las prácticas nocivas en términos de las normas sociales de género y la forma como vemos las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad”.

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