Durante días se ha intentado posicionar a Renato Romero como un activista y defensor del agua. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconde una realidad alarmante: bloqueos ilegales, agresiones, daños millonarios y una agenda política que recurre a la violencia como herramienta de presión.
Romero no es un activista: es un operador político que, escudado en una causa social, encabezó actos ilícitos que pusieron en jaque a miles de ciudadanos. Bajo el argumento de oponerse a una obra hidráulica legal y con permisos, ocupó de manera violenta un predio, incendió tuberías, lanzó piedras y amenazas a trabajadores, y organizó bloqueos que paralizaron por más de diez horas la autopista México–Puebla.
Pérdidas millonarias por bloqueos violentos
Los cierres encabezados por Romero no solo provocaron caos vial: generaron pérdidas superiores a los 30 millones de pesos por día, afectando al sector logístico, comercial y a miles de personas que dependen de esa vía para trabajar, acceder a servicios médicos o mover mercancías.
Según la CANACAR, cada hora detenida de un tractocamión representa una pérdida de hasta 2 mil pesos. Si se multiplica por los más de 20 mil vehículos que transitan esa autopista a diario, el impacto económico se vuelve insostenible. Empresas como Volkswagen y Audi registraron afectaciones millonarias por la interrupción de sus cadenas de suministro. Además, se reportaron retrasos en servicios médicos de emergencia y mercancía perecedera perdida.
Denuncias penales por delitos graves
La empresa Agua de Puebla interpuso una denuncia por despojo agravado y daño en propiedad ajena. Con base en pruebas documentales, testimonios y videos, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra Renato Romero, quien fue detenido y trasladado al penal de San Pedro Cholula.
Su liberación provisional, tras una solicitud del Gobierno del Estado, no borra la gravedad de sus acciones ni elimina las denuncias en su contra. El proceso legal continúa.
¿Causa social o agenda política?
Detrás de las acciones de Romero hay más que inconformidad: hay violencia organizada, chantaje y confrontación como estrategia. No se trató de una defensa pacífica del agua, sino de una campaña de presión basada en el caos y el sabotaje.
Romero agredió a trabajadores, destruyó bienes públicos y privados y vulneró el derecho de miles de ciudadanos a vivir en orden. Lo que se vendió como “activismo” fue, en realidad, un acto criminal que puso en riesgo la estabilidad y la seguridad en Puebla.
Nadie por encima de la ley
El Estado debe proteger a la mayoría frente a los excesos de unos cuantos. Renato Romero enfrenta un proceso legal por sus acciones, y corresponde a las autoridades garantizar que el uso político de las causas sociales no se convierta en licencia para delinquir.
“No confundamos la defensa del agua con ataques a la legalidad. Lo que hizo Renato Romero fue un acto criminal, no una protesta.”
“Miles de ciudadanos pagaron las consecuencias del egoísmo y la violencia de un solo hombre.”
“Quemar tuberías, tomar instalaciones y cerrar autopistas no es activismo: es sabotaje.”
“En Puebla, los derechos se defienden con la ley, no con bloqueos, piedras y amenazas.”
