Por Ángela Mercado
Pocas instituciones gozan del blindaje moral con el que opera la Universidad Iberoamericana Puebla. Desde su torre de prestigio académico y sotana ideológica, se han erigido en jueces de los gobiernos emanados de Morena, en defensores espontáneos de “activistas” de ocasión y en guardianes de una justicia social que, casualmente, sólo activan cuando el adversario está en Palacio Nacional.
Lo vimos esta semana con el caso de Renato Romero.
Acusado de daño en propiedad ajena y despojo agravado, Renato fue detenido por encabezar una turba que bloqueó la autopista México-Puebla, saboteó el equipamiento de un pozo hídrico y quemó tubería destinada a abastecer de agua a 40 mil familias —85% de ellas de escasos recursos— en la capital poblana. A pesar de la gravedad de los hechos, un juez le permitió llevar su proceso en libertad. Y como era de esperarse, la Ibero Puebla no tardó en activarse: lo arropó como al nuevo “mártir del agua”, sin el más mínimo cuestionamiento ético.
Pero ese activismo se apaga convenientemente cuando el escándalo involucra a sus propios aliados institucionales o a su iglesia madre.
Esta misma semana, una jueza del Estado de México difirió la audiencia para resolver si el sacerdote Antonio María Cabrera Cabrera, miembro de los Legionarios de Cristo, puede llevar fuera de prisión su proceso por presunta violación de un menor de edad. Está vinculado a proceso por tres agresiones sexuales ocurridas entre 2004 y 2011, cuando la víctima tenía entre 7 y 15 años. La defensa del sacerdote busca que se le revoque la prisión preventiva. ¿Y qué ha dicho la Ibero al respecto? Nada. Ni un boletín, ni una condena, ni un solo tweet.
Cuando se trata de defender a un activista que sabotea infraestructura pública, la Ibero se lanza con todo. Pero cuando el acusado es un sacerdote violador, guardan silencio.
Cuando la víctima es un niño abusado durante años, no hay mesa de análisis ni foro con expertos. ¿Por qué? Porque el agresor forma parte de la misma estructura clerical que sostiene ideológicamente al entorno jesuita.
Lo que la Ibero Puebla defiende no es la justicia. Es una agenda.
Una cruzada silenciosa contra el obradorismo y, especialmente, contra Claudia Sheinbaum. Su ruptura con el movimiento de la Cuarta Transformación no es reciente ni accidental: se gestó desde que el proyecto de nación dejó de necesitar intermediarios morales y se consolidó con el ascenso de una mujer que no se arrodilla ante su falsa superioridad ética.
El rector Mario Ernesto Patrón ha sido protagonista de múltiples pronunciamientos contra megaproyectos, detenciones, políticas públicas y decisiones judiciales… siempre y cuando puedan usarse para minar al gobierno en turno. Pero los excesos de comités de agua que privatizan el suministro en Xoxtla, la manipulación de pobladores con fines políticos o los pactos fallidos con mafias locales no parecen merecer ni una palabra de su parte.
Y mientras tanto, Renato Romero sigue libre. No absuelto, libre. Y ya planeando su próxima “lucha social”. Una más donde los mismos de siempre lo defenderán, aunque no represente a nadie más que a sí mismo.
Porque en la Ibero Puebla, la empatía es militante y la justicia, selectiva. A sus órdenes estoy.
zodepri@gmail.com