Más obligaciones y sanciones con nueva ley antilavado
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El presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP), José Darío Zamorano Mendoza, expuso que, aunque los ajustes en la llamada Ley Antilavado representan mayores retos, también ofrecen una oportunidad para fortalecer la cultura de transparencia y elevar los estándares de confianza en el sector empresarial.
“La nueva Ley Antilavado exige un mayor nivel de responsabilidad, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de demostrar compromiso con la legalidad. Cumplir ya no es solo una obligación, sino una estrategia para la permanencia de cualquier negocio”, señaló.
La normatividad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), establece, por ejemplo, penas de 2 a 8 años de prisión por proporcionar documentación alterada o ilegible y multas de 500 a dos mil días de salario.
Con la ley, se abre un nuevo escenario para empresas, profesionistas y organizaciones que realizan actividades consideradas vulnerables, explicó la Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPEP, Berenice Espinoza Moreno.
es que la modificación a la normativa marca un cambio de paradigma en el cumplimiento legal: amplía las obligaciones, refuerza las sanciones y eleva la responsabilidad tanto de las empresas como de sus directivos, al endurecer las consecuencias para quienes incumplan.
Explicó que entre los principales riesgos destacan multas millonarias, con sanciones económicas más severas; cancelación de sellos digitales, lo que impediría facturar; responsabilidad solidaria, donde directivos y representantes legales pueden responder junto con la empresa, así como pérdida de reputación, afectando la confianza de inversionistas, socios y clientes.
Añadió que esto significa que no solo la empresa puede ser sancionada, sino también de manera personal administradores, representantes legales y oficiales de cumplimiento.
Mencionó hay nuevas medidas de prevención que deberán adoptarse, como la identificación reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP), la conservación de información y documentos por mínimo 10 años, la implementación de sistemas automatizados para el control interno, así como auditorías anuales para revisar el cumplimiento, junto con políticas internas de prevención, manuales y programas de capacitación, aunado a la supervisión directa de administradores y representantes legales.