
Un juez federal vinculó a proceso a Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero, acusados de participar en el bloqueo de la autopista México–Puebla registrado el pasado 28 de mayo.
Los señalados, originarios de Xoxtla e identificados como defensores del agua, enfrentarán el proceso en libertad. Su abogado, Tonatiuh Sarabia Amador, informó que promoverá un amparo al considerar que la imputación carece de pruebas suficientes.
El bloqueo de carreteras federales puede derivar en penas de hasta siete años de prisión y multas económicas, al tratarse de un delito que afecta la movilidad, la seguridad nacional y la economía regional. El proceso podría prolongarse hasta un año y resolverse mediante juicio oral o acuerdos reparatorios.
La autopista México–Puebla registra un tránsito diario de más de 120 mil vehículos, de los cuales cerca del 40% corresponde a transporte de carga.
Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada hora de cierre en esta vía implica pérdidas superiores a 50 millones de pesos por retrasos en cadenas de suministro, combustibles, alimentos y autopartes. El bloqueo del 28 de mayo habría generado pérdidas superiores a 200 millones de pesos.
Organizaciones civiles han manifestado apoyo a los activistas bajo el argumento de la defensa del derecho al agua. Sin embargo, el Poder Judicial recordó que la protesta social no puede ejercerse a costa de derechos como la libre circulación.
La SICT reiteró que los bloqueos carreteros representan un riesgo para la infraestructura estratégica del país y sostuvo su política de cero tolerancia frente a actos que afecten la movilidad nacional.
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