2025 ha sido “uno de los peores” para la libertad de prensa
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El año 2025 ha sido “uno de los peores” en las últimas décadas “para la libertad de prensa” en Perú, tras el asesinato de dos periodistas, así como amenazas de muerte y agresiones en todo el país, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Un informe difundido este domingo, cuando concluye la 81 Asamblea General de este organismo en Punta Cana, República Dominicana, señaló que en enero fue asesinado el periodista Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica, mientras que en mayo también fue asesinado el periodista Raúl Celis, en la ciudad amazónica de Iquitos.
La SIP recordó que el pasado el 10 de octubre el entonces presidente del Congreso, el derechista José Jerí, asumió la jefatura de Estado tras la destitución de Dina Boluarte por una “incapacidad moral permanente” para enfrentar la crisis de inseguridad y el crimen organizado en el país.
Comentó, en ese sentido, que durante este año el Ejecutivo “fue la institución que más asedió y limitó el trabajo de la prensa”, lo que incluyó el silencio que guardó Boluarte frente a los medios, el rechazo a pedidos de información y el retorno al gabinete de ministros del abogado Juan José Santiváñez, “quien constantemente hostigó a los periodistas”.
También afirmó que el Congreso peruano “continúa su intento de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos” y, junto al Ejecutivo, trató de controlar los contenidos de los medios con “franjas informativas” en casos de violencia contra la mujer y familiares.
Ley de amnistía y nuevas normas
El organismo recordó que ambos poderes del Estado “aprobaron una ley de amnistía para favorecer a quienes perpetraron abusos contra los derechos humanos” entre 1980 y el año 2000, lo que incluye al ex candidato presidencial Daniel Urresti, quien fue condenado por el asesinato, en 1988, del corresponsal de Caretas en la ciudad sureña de Ayacucho, Hugo Bustíos.
Alertó que otros asesinos de periodistas, como Jaime Ayala, Melissa Alfaro y Pedro Yauri, también pueden ser amnistiados.
El informe indicó, además, que en junio pasado, el Congreso modificó la ley sobre promoción de la inversión privada en telecomunicaciones y que la Comisión Permanente del Congreso incluyó en su agenda el debate de la llamada ‘Ley Mordaza’, que busca ampliar las penas de cárcel y difamación contra periodistas.
Por otra parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) declaró reservada “toda información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco años”.
A su turno, el Ministerio Público “continuó con su política” de pedir a periodistas que revelen sus fuentes de información “y abrió investigaciones contra ellos y los medios por asociación criminal”.
Otros casos de amenazas y ataques
Entre otros casos, mencionó que en septiembre el entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha renunciado al cargo para postular a la Presidencia el próximo año, dijo en un evento público que “hay que cargarse a Gorriti”, en alusión al periodista de investigación Gustavo Gorriti.
“En jerga popular implica matar”, remarcó el organismo sobre los dichos de López Aliaga, al que acusó de haber amedrentado en varias ocasiones al periodista, quien anunció que lo denunciará por incitación al asesinato.
Durante este año, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima también admitió una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que otorga nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en relación al control de las actividades de las ONG.
La SIP también remarcó que 16 periodistas fueron heridos u hostigados durante la cobertura de las protestas contra el gobierno y el Congreso que se realizaron en septiembre pasado, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).