“Pacificar no es sinónimo de impunidad”
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El juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes dice en una entrevista con EFE que no cree que los recursos interpuestos por el expresidente Jair Bolsonaro vayan a modificar sustancialmente su sentencia condenatoria y se muestra contrario a una posible amnistía porque “la pacificación no es sinónimo de impunidad”.
De Moraes, relator del caso contra el expresidente y uno de los cinco magistrados del Supremo responsables de la condena, alega en una entrevista en Madrid, donde participa en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, en inglés), que “en teoría” los recursos “no tienen efectos modificativos en la decisión” condenatoria y espera que “antes de final del año” se conozca la sentencia firme.
El magistrado no quiere pronunciarse sobre si Bolsonaro, que está en prisión domiciliaria, acabará entrando en prisión, pero sí habla en general de todos los condenados, subrayando que “todos los reos que fueron condenados a régimen cerrado, en los términos de la Ley de Ejecución Penal, irán a régimen cerrado”.
“A partir del régimen cerrado, el Supremo Tribunal Federal, primero por el relator, después por la sala, analizará situaciones específicas de cada reo”, explica.
Además, recuerda que es imposible que una vez condenado se le pueda amnistiar: “Los atentados y crímenes violentos contra la democracia son inadmisibles por la Constitución brasileña de perdón judicial, de indulto presidencial o de amnistía por el Congreso Nacional”.
Y añade: “Pacificación no es sinónimo de cobardía. Pacificación no es sinónimo de impunidad. Pacificación no es sinónimo de apaciguamiento. O sea, quienes realizaron crímenes gravísimos, atentaron contra la democracia, atentaron contra el Poder Judicial (…) e incluso trazaron un plan para matar al presidente y vicepresidente electos y al presidente del Tribunal Superior Electoral (…) deben cumplir sus penas”.
De Moraes considera que “la gran mayoría del pueblo brasileño no solo apoya las condenas, sino que está en contra de cualquier tipo de amnistía o alteración de pena, porque entiende que quien atenta contra la democracia debe responder”.
El hecho de que en menos de dos años del intento de golpe ya se hayan resuelto las 1.600 acciones penales -con 700 personas que confesaron crímenes leves y 550 condenadas a penas más graves de entre 12 y 17 años de prisión- demuestra “que en Brasil aquellos que atentaren contra la democracia serán responsabilizados”.
“No soy víctima”
Por su liderazgo en el caso contra el golpismo en Brasil, De Moraes y su esposa, la abogada Viviane Barci, fueron sancionados por EEUU por la Ley Magnistsky, que sanciona a extranjeros acusados de graves violaciones de derechos humanos o corrupción, en un intento de presionar para que no se judicializara al expresidente de extrema derecha.
“No le corresponde, obviamente, a ningún país extranjero inmiscuirse en los asuntos de un país soberano como Brasil”, apunta el magistrado, quien asegura que las sanciones no le han afectado “en nada” y que su vida “continúa absolutamente idéntica”.
La defensa bolsonarista intenta cuestionar la independencia del juez asegurando que es víctima también del golpe de Estado, pero De Moraes considera que no lo es.
“Yo no soy víctima de los crímenes contra la democracia. El Estado brasileño es víctima de los crímenes contra el Estado democrático (…) No existe ninguna incompatibilidad, ya que ninguno de los crímenes por los cuales los reos fueron condenados tiene como víctima a la misma persona o la víctima es el Estado brasileño”, dice.
Tampoco siente miedo ni se ve amenazado por su trabajo, pues después de ejercer otros altos cargos, como ministro de Justicia y Seguridad, y combatir el crimen organizado considera que “las amenazas forman parte del cargo”.
Mayor control en la red
La relación de Estados Unidos y Brasil, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y debido a su cercanía con Bolsonaro, también se vio alterada por la decisión en agosto de 2024 de De Moraes de suspender la red social X en el país suramericano, un cierre que se mantuvo por 38 días.
“Cada país tiene su soberanía. Cada país tiene su legislación. Si las redes sociales, si las ‘big techs’ quieren actuar en el país, deben actuar según las leyes del país”, considera el magistrado, quien cree que en la red hay que actuar como en la vida real: “Lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer en el mundo virtual”.
Brasil, subraya, “está a la vanguardia” de legislar el mundo virtual: “Brasil determinó que las redes sociales, las ‘big techs’ que quieran actuar en Brasil, tienen que tener sede en Brasil, una filial en Brasil, representante legal, y deben respetar las leyes brasileñas”.