
La violencia económica se materializa de diversas formas sobre las mujeres palestinas, desde el cierre de comercios en el norte de Cisjordania por las incursiones militares israelíes, hasta la destrucción de casi toda la tierra agrícola en Gaza, pasando por la prohibición de trabajar o la retención de sus salarios por parte de los hombres palestinos.
Un informe publicado por el Ministerio de la Mujer palestino, dentro campaña anual de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, muestras las diferentes caras que adopta este tipo de violencia en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupados.
Se trata, dice el informe, de un “complejo sistema de presiones y abusos”, también de tipo social y cultural, que se ha visto agravado por Israel desde que en octubre de 2023 lanzó su ofensiva sobre Gaza y operaciones militares en Cisjordania que resultaron la muerte de casi 70.000 personas en la Franja palestina y el desplazamiento de decenas de miles en el norte cisjordano.
En la Franja de Gaza, territorio devastado por la ofensiva israelí, el informe destaca la destrucción del 94 % de las tierras agrícolas y el 85 % de los invernaderos, así como de dos tercios de las redes viales y de saneamiento.
Esto supone, dice el documento, “la desaparición de miles de oportunidades económicas que se basaban en la producción agrícola doméstica o en pequeñas explotaciones agrícolas, de las que dependían las mujeres rurales de Gaza como fuente principal o secundaria de ingresos”.
Además, el colapso de la economía gazatí por la ofensiva ha provocado una escalada de la violencia de género contra mujeres y niñas, ahora más vulnerables que antes y que se ven relegadas al trabajo “voluntario”, dejando a los hombres los pocos empleos existentes.
El informe destaca los efectos en Cisjordania ocupada de las restricciones de movimiento impuestas por Israel, con puntos de control militares en cada ciudad palestina y unas 1.000 puertas metálicas repartidas por sus carreteras que se cierran y abren a discreción.
Ello supone que las mujeres se ven obligadas a recorrer largas distancias por rutas tortuosas y pasar por múltiples puestos de control para llegar a sus lugares de trabajo, universidades o centros de salud, lo que las empuja a dejar de trabajar o aceptar trabajos peor pagados.
En el norte del territorio, donde Israel ha llevado a cabo una campaña militar en ciudades como Yenín y Tulkarem, que desplazó a 30.000 palestinos de sus hogares, las mujeres solo ostentaban el 10 % de los negocios -sobre todo de alimentación, textil y salones de belleza-, y casi la mitad de ellos tuvieron que cerrar sus puertas sin compensación alguna por ello.
Las mujeres palestinas en Jerusalén Este ocupado reciben salarios inferiores que las mujeres judías y “un reconocimiento limitado de sus derechos sindicales y sociales”, dice el informe.
Además, viven bajo la amenaza constante de las autoridades israelíes de renovación de su residencia o la demolición de sus viviendas.
La violencia económica en el ámbito familiar palestino, indica el documento, se percibe como “normal” o “socialmente aceptable” con prácticas de los hombres que privan a las mujeres de sus ingresos, controlan sus recursos o impiden que reciban su herencia.
En Cisjordania, prevalece un patrón en el que el esposo, padre o hermano actúa como “tutor financiero” y recibe la totalidad del salario de la mujer, retiene su tarjeta bancaria o le impone un límite de gasto.
También en Jerusalén Este, la incorporación al trabajo de la mujer depende muchas veces de la aprobación de su esposo, que controla la cuenta bancaria común, ya que es raro que ella tenga una a su nombre debido a la presión familiar.
En Gaza ocurre algo parecido, según el informe, que destaca que dicha presión de los familiares hombres impide que las mujeres acumulen su propio capital y lo tengan que destinar a saldar deudas o ayudar a otras familias.
Además, un 32 % de las mujeres palestinas con derecho a herencia acaban renunciando a ella en favor de los hombres con el pretexto de la “reconciliación familiar”.