La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo informó que al menos hay tres denuncias en México, en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
Durante la mañanera la titular del Ejecutivo Federal, detalló que una es relacionada con el operativo Rápido y Furioso, por permitir la introducción clandestina de armas provenientes de EEUU; otra por la construcción de reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados, con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna; y otra por lavado de dinero.
Además, abundó, continúa abierta la carpeta de investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en donde la FGR encuentra que Genaro García Luna, está involucrado, sin embargo, dijo la presidenta, “un juez no dio la orden de aprehensión”.
“Al menos hay tres denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay o cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna”, declaró.
Lavado de dinero
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez dio a conocer que García Luna recibió contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos a través del tejido empresarial Grupo Weinberg, que era encabezado por Samuel Weinberg López y Jonatham Alexis Weinberg Pinto, quienes operaron junto con ex secretario de seguridad.
De ese modo, señaló que el ex secretario de Seguridad a través del tejido empresarial de Grupo Weinberg obtuvo contratos por más de 700 millones de dólares, que fueron pagados a diversas empresas, entre ellas Nunvac Inc y GLAC, que recibió varios millones de pesos del Cisen y policía federal.
Pablo Gómez resaltó que la empresa GLAC es propiedad de García Luna y su esposa.
También, abundó, se descubrió que la compañía Nunvac Inc, que fue creada en Panamá, envió recursos a Estados Unidos, Barbados, Israel y otros países por 528 millones 96 mil 393 pesos y 28 millones 474 mil 251 dólares.
Al ser empresas de otros países, precisó, se evita el pago de impuestos en México, lo que quiere decir que el ex funcionario se benefició de este tipo de operaciones. Es decir, el gobierno mexicano pagaba, luego salía al extranjero a través de las llamadas empresas de “cartón” constituyendo así la defraudación fiscal.