Aranceles de Noboa reabren debate sobre la seguridad en frontera
También puedes leer
La crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador, agudizada por la reconfiguración del narcotráfico tras la pandemia y el avance de la delincuencia organizada en el segundo país, no se resuelve con medidas comerciales unilaterales, advirtieron expertos tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas.
Para la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, el análisis debe partir de la premisa de que el narcotráfico no es un grupo ni un cartel, sino un mercado transnacional con múltiples actores y eslabones de una cadena que se distribuye en distintos países.
Bonilla explica a EFE que durante la pandemia se produjo una alteración significativa de las rutas y los métodos de exportación de cocaína, lo que llevó a los actores criminales a reorganizarse.
Mientras Colombia se consolidó como productor del alcaloide, en países limítrofes como Ecuador los narcos comenzaron a instalar fases clave del procesamiento, incluida la transformación en clorhidrato de cocaína.
Ese reordenamiento, advierte la analista, incrementó la demanda de servicios violentos en Ecuador, generó mayor circulación de dinero ilegal y aceleró la expansión de la delincuencia organizada local.
A ello se suma, agrega, el crecimiento del control criminal sobre el sistema carcelario ecuatoriano, uno de los factores que más ha incidido en el deterioro de la seguridad interna de ese país, donde los motines han dejado más de 500 muertos desde 2021.
Decisión apresurada
En el plano de las relaciones internacionales, el analista Gabriel Clavijo, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, reconoce que Ecuador está facultado, en virtud del principio de libre autodeterminación de los Estados, para adoptar decisiones unilaterales en política exterior.
Sin embargo, advierte que ese derecho debe ejercerse con prudencia, tacto y estrategia, especialmente cuando se trata de países vecinos con una relación histórica estrecha.
A su juicio, la decisión de Noboa de anunciar aranceles del 30 % a los productos importados de Colombia alegando que el país no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, fue “apresurada” y no midió adecuadamente sus consecuencias diplomáticas y regionales.
El experto dijo a EFE que la medida responde, en parte, a un intento de reorientar el debate interno cuando se cuestionan los resultados de su política de mano dura contra las bandas criminales y el impacto que ésta ha tenido en la popularidad del Gobierno.
Límites del discurso internacional
Clavijo también cuestiona que el Ejecutivo ecuatoriano haya señalado a Colombia por la forma en que enfrenta el narcotráfico, al considerar que se trata de una extralimitación del discurso diplomático.
“Los países no pueden opinar sobre la política interna de otros Estados en materia de seguridad”, sostiene, al recordar que este tipo de señalamientos incrementa la tensión regional y dificulta la cooperación necesaria para enfrentar amenazas comunes.
En términos coloquiales, añade el analista, “los trapos sucios se lavan en casa”, un principio no escrito pero ampliamente aceptado en las relaciones internacionales.
Colombia defiende su gestión
Frente a los señalamientos de Ecuador, el Gobierno colombiano ha defendido su gestión en materia de seguridad fronteriza y cooperación bilateral con datos del Ministerio de Defensa que muestran que las operaciones conjuntas y el intercambio de información entre ambos países han permitido impactar de manera significativa las economías criminales transnacionales.
En la lucha contra las drogas, las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos con Ecuador pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024 y subieron a 195.862 en 2025, lo que representa un aumento sostenido de los decomisos, atribuible a un mayor esfuerzo operacional de la fuerza pública colombiana.
Las autoridades también destacan que la erradicación de cultivos ilícitos se ha concentrado en departamentos como Putumayo y Nariño, limítrofes con Ecuador, así como la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales mediante 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de siete personas.
Cooperación regional
Para los expertos, la salida a la crisis pasa por reactivar los mecanismos bilaterales, fortalecer la cooperación policial y de inteligencia y asumir una visión regional del narcotráfico y del crimen organizado, fenómenos que desbordan las fronteras nacionales.
En ese contexto, advierten que medidas como el arancel impuesto por Ecuador pueden profundizar el distanciamiento político sin generar impactos reales en la seguridad fronteriza, en un momento en el que ambos países enfrentan desafíos comunes en una de las zonas más sensibles de la región andina.