
La Policía de Tailandia detuvo este martes al académico estadounidense Paul Chambers tras personarse en la comisaría por una denuncia relacionada con la ley de lesa majestad, que protege de toda crítica a la monarquía de ese país, informó un grupo de abogados.
El grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, en inglés) indicó en X que el tribunal a cargo denegó la libertad bajo fianza al estadounidense, profesor de la Universidad Naresuan en la provincia central de Phitsanulok.
Según los letrados, la denuncia fue presentada por el Ejército -citando también la Ley de Delitos Informáticos- y se basa en unas declaraciones de Chambers, hechas durante una conferencia sobre la monarquía y los nombramientos militares, sin que se haya especificado el contenido.
La publicación de esos comentarios podría suponer también un delito, según la draconiana aplicación de la ley de lesa majestad en Tailandia.
El grupo de abogados, que asiste a personas acusadas por este delito, indicó el viernes que el rector de la universidad y las autoridades acordaron que el académico acudiese hoy a la citación policial en una comisaría de Phitsanulok, a casi 400 kilómetros de Bangkok.
El director de la ONG Derechos Humanos y Defensores Laborales de Asia, Phil Robertson, calificó la denuncia presentada contra el estadounidense como una “violación indignante e inaceptable de la libertad académica y de expresión en Tailandia”.
Chambers, un reconocido politólogo especializado en el papel del Ejército en varios países, incluido Tailandia, agradeció en los últimos días el apoyo mostrado, a través de su perfil de Facebook.
La ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.
En 2020, un movimiento liderado por jóvenes universitarios salió a las calles de la capital tailandesa para reclamar profundas reformas democráticas en el país y lograron abrir el debate público sobre el papel de la todopoderosa monarquía, que ha perdido en los últimos años adeptos entre los tailandeses.
Al menos 278 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según los últimos datos de TLHR, mientras que otros 1.938 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.