Ataque en redes contra Ley de Ciberseguridad fue orquestada desde el extranjero
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Poco más de la mitad de las menciones en X (antes Twitter), vinieron de España y Argentina; hubo sincronía en la descalificación de la norma, el gobernador y los diputados locales
Un análisis de la actividad en redes sociales entre el 11 y el 15 de junio reveló que el ataque digital contra el gobernador Alejandro Armenta y los diputados del Congreso de Puebla, tras la aprobación de la llamada Ley de Ciberseguridad (una reforma al Artículo 217 del Código Penal estatal), fue fabricado mediante granjas de bots, en su mayoría ubicadas fuera de México o con IP redireccionadas a otros países, como España y Argentina, con el objetivo de posicionar artificialmente críticas, tergiversación sobre la esencia de la norma y desinformación.
De acuerdo con el informe técnico, al que tuvo acceso este medio, la mayor parte de las menciones en redes sociales —especialmente en la plataforma X (antes Twitter)— no provinieron de ciudadanos orgánicos, sino de cuentas automatizadas o falsas, que amplificaron dos tendencias: #Armenta y #LeyCensura.
Estas campañas generaron más de 50 por ciento de su actividad desde direcciones IP extranjeras, principalmente en España (12.9 mil ubicaciones), Argentina (12.5 mil) y Estados Unidos (911 sitios), así como en Bélgica (366) y Países Bajos (320).
Armenta, blanco de ataque coordinado
El pico de menciones sobre Armenta ocurrió el 14 de junio, con 13 mil 668 mensajes originales o naturales, que fueron posteriormente replicados por cuentas verificadas dedicadas al retuit, masivo mediante servicios de pago, lo que impulsó su difusión hasta alcanzar más de 20 millones de visualizaciones en menos de una semana.
Aunque el gobernador mantenía un posicionamiento digital positivo, ese día registró 55 por ciento de comentarios negativos, la mayoría sin estructura argumentativa, análisis legal o discusión técnica, sino simples insultos o descalificaciones personales.
95 por ciento de los mensajes se concentraron en X y fueron emitidos en su mayoría desde cuentas sin historial previo, bots o usuarios pagados. Este fenómeno evidencia el uso de la desinformación para interferir en procesos legislativos locales.
LeyCensura: etiqueta promovida artificialmente
De manera paralela, la tendencia #LeyCensura —creada para desacreditar la reciente legislación— tuvo su punto más alto también el 14 de junio, con 755 menciones originales. Estas fueron replicadas masivamente hasta generar más de 8.6 millones de impresiones. El análisis de sentimiento revela que ciento por ciento de los mensajes fueron negativos desde su origen, lo que demuestra una clara intencionalidad manipulada.
En esta conversación participaron bots, medios de comunicación y la cuenta oficial del PRI, según el estudio. Nuevamente, más de 50 por ciento de las menciones provenían de IPs fuera de México, en particular de los mismos países señalados anteriormente.
La campaña de desinformación se desató tras la aprobación, el pasado viernes 13 de junio, de la Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla (una reforma al Artículo 217 del Código Penal de Puebla), un instrumento legal que tipifica delitos como el ciberacoso, el espionaje digital, el phishing, el contacto con fines sexuales hacia menores y la usurpación de identidad, entre otros.
La nueva legislación reconoce que, si bien la tecnología puede ser una herramienta de desarrollo, también se ha transformado en vehículo delictivo que vulnera la privacidad, dignidad y seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, el Congreso local argumentó que la reforma responde a una demanda legítima de protección frente al uso indebido del entorno digital.
Uno de los puntos centrales de la reforma que fue aprobada por mayoría es el combate a la usurpación de identidad, un delito en crecimiento que afecta la integridad emocional, económica y social de las víctimas. En Puebla se han reportado casos frecuentes de fraudes digitales, robo de cuentas bancarias, suplantación física mediante documentación falsificada y adeudos no reconocidos.
“La tipificación formal de la usurpación de identidad es una medida urgente para garantizar los derechos digitales de la población, reducir la impunidad y fortalecer la confianza en los sistemas digitales y financieros”, señala la exposición de motivos de la iniciativa aprobada el 12 de junio.
Legislación vs. manipulación digital
Especialistas han advertido que este tipo de ataques coordinados desde granjas de bots internacionales representa una nueva modalidad de intromisión extranjera en la política local, con capacidad de alterar percepciones públicas, inhibir reformas progresistas y generar confusión entre la ciudadanía.
En este caso, las tendencias promovidas artificialmente no fueron acompañadas de debates públicos, análisis técnicos ni discusiones jurídicas sobre el contenido de la Ley. Al contrario, los mensajes difundidos estuvieron cargados de insultos y desinformación, lo que evidencia una estrategia de sabotaje digital y no de crítica legítima.
En este sentido, los analistas consultados y que pidieron guardar el anonimato por decisiones personales, consideraron que el ataque digital orquestado contra el gobernador Armenta y los diputados poblanos pone en evidencia el riesgo real que enfrenta la democracia local ante campañas de desinformación diseñadas desde el anonimato y con tecnología automatizada.
Al mismo tiempo, señalaron que esta estrategia utilizada contra la legislación poblana confirma la necesidad de contar con un marco legal actualizado para proteger a la ciudadanía en el entorno digital. La Ley de Ciberseguridad, lejos de ser una censura, representa una defensa activa de los derechos humanos, la privacidad y la integridad en el siglo XXI.