Australia demanda a filial de HSBC por no proteger a clientes contra millonarias estafas
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El organismo regulador de las inversiones en Australia informó este lunes que denunció a la filial australiana del Banco HSBC por no proteger “adecuadamente” a sus clientes contra estafas, generándoles pérdidas que sumaron 14,6 millones de dólares (14 millones de euros) entre 2020 y 2024.
Según los documentos presentados hoy por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, en inglés) ante el Tribunal Federal del país oceánico, HSBC Australia no dispuso de controles adecuados para prevenir y detectar pagos no autorizados, según un comunicado del ente regulador.
Tampoco cumplió con sus obligaciones de investigar las denuncias de clientes sobre transacciones no autorizadas -que se produjeron cuando los estafadores accedieron a sus cuentas haciéndose pasar por personal del HSBC- dentro de los plazos especificados y de restablecer rápidamente sus servicios bancarios en el momento oportuno, agregó el texto publicado hoy.
“Alegamos que los fallos de HSBC Australia fueron generalizados y sistémicos, y que el banco no protegió a sus clientes”, precisó la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, al advertir que los afectados “pueden perder los ahorros de toda una vida en un instante” si las instituciones financieras no los protegen.
Según ASIC, entre enero de 2020 y agosto de 2024, HSBC recibió aproximadamente 950 informes de transacciones no autorizadas, lo que resultó en pérdidas para los clientes por alrededor de 23 millones de dólares australianos (unos 14 millones de euros).
Casi un 70 % de esas pérdidas por estafas se produjeron entre octubre de 2023 y marzo de 2024, agregó el comunicado, en el que ASIC culpa al banco por demorarse una media de 145 días en investigar las denuncias de los clientes estafados o los retrasos de hasta 542 días para que los afectados accedan a sus cuentas bancarias.
Las leyes australianas obligan a los bancos que se rigen por el Código Pagos Electrónicos, entre ellos HSBC Australia, a completar una investigación sobre un informe de una transacción no autorizada e informar al cliente por escrito del resultado en un plazo de 21 días a partir de la recepción de la denuncia.