
Un juez federal de New Hampshire bloqueó este jueves con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas.
“Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables”, dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El magistrado, que fue nombrado por el presidente George W. Bush (2001-2009), resaltó que la ciudadanía estadounidense “es el mayor privilegio que existe en el mundo”.
La orden ejecutiva debía entrar en vigor el 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear decretos con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la “barrera” de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.
El fallo de Laplante a la moción presentada por “Barbara y otros” señala que los demandantes “pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)”.
Para Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’ de Trump, Laplante es un ejemplo más de “juez radical que no presta atención a la decisión del Supremo”.
“Quieren detener la agenda de Trump. Lo que necesitan entender es que el pueblo estadounidense apoya esta agenda. (…) A pesar del odio, la retórica, las amenazas, no vamos a parar. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo”, dijo a la prensa en la Casa Blanca.
Laplante ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su resolución solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal. Alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14 enmienda constitucional.
Según la primera interpretación, el fallo de ese juez se refiere a “los niños existentes y los futuros” que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.
La peticionaria principal, Barbara (sin que se revelen sus apellidos), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.
La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un “tesoro” garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia.