Energía y poder: la red que conecta a México

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El Gobierno de México anunció una inversión de 8 mil 177 millones de dólares para modernizar y expandir la Red Nacional de Transmisión. El paquete incluye 275 nuevas líneas y 524 subestaciones eléctricas, con el propósito de beneficiar a 50 millones de usuarios. La cifra es monumental y marca, al menos en el discurso, un punto de inflexión en la historia reciente de nuestra infraestructura energética.

Para dimensionarlo, basta mirar atrás. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, la nacionalización del petróleo (1938) fue el hito fundacional de la soberanía energética. Luego, en los años setenta, con José López Portillo, la creación del Sistema Nacional de Refinación se convirtió en el motor de una bonanza que terminó por desmoronarse. En los noventa, el impulso de Carlos Salinas de Gortari abrió la puerta a la inversión privada en electricidad, mientras que la reforma energética de Enrique Peña Nieto (2013) apostó por abrir aún más el sector, con resultados cuestionados y parciales.

Ahora, la administración de Claudia Sheinbaum busca escribir su propio capítulo: no una reforma constitucional, sino una inversión inédita en transmisión eléctrica, el eslabón más débil de la cadena energética mexicana. Porque de poco sirve generar más megawatts si la red no los distribuye con eficacia.

Históricamente, México ha invertido mucho más en generación que en transmisión. Basta recordar que proyectos como La Venta (Oaxaca) en energía eólica, o las centrales fotovoltaicas de Sonora, se toparon con un cuello de botella: la red no daba abasto para transportar la energía. Por eso, hablar de 275 líneas nuevas no es solo un número: es la posibilidad real de aprovechar el auge renovable y el nearshoring industrial que coloca a México como un socio estratégico de Norteamérica.

La presidenta Sheinbaum presumió que México cuenta con un sistema interconectado nacional —algo que ni siquiera países como Estados Unidos han logrado consolidar del todo, pues allá el sistema sigue fragmentado por regiones. Terminar la interconexión de Baja California con el resto del país no solo es un avance técnico: es una decisión política que cierra décadas de aislamiento energético en la península.

También vale recordar que administraciones anteriores destinaron cifras similares en megaproyectos emblemáticos: el NAIM iba a costar más de 13 mil millones de dólares antes de ser cancelado; la refinería de Dos Bocas se calcula ya en 12 mil millones. Hoy, Sheinbaum pone sobre la mesa una inversión comparable, pero dirigida a un sector históricamente rezagado y con impacto directo en la vida cotidiana.

La diferencia está en el alcance: mientras una refinería sirve a un polo industrial y un aeropuerto a un nodo logístico, la expansión de la red eléctrica toca literalmente a medio país. Hablamos de un sistema que abastecerá desde 6 millones de hogares en el norte, hasta 8.5 millones en el centro y un millón más en el sur, con una cobertura inédita en el mapa energético nacional.

Ahora bien, no se trata solo de dinero. La CFE anunció la incorporación de la Red Eléctrica Inteligente (REI): monitoreo remoto, sensores móviles, transformadores digitales y mapeo 3D. Un salto tecnológico que, de aplicarse en tiempo y forma, pondría a México a la vanguardia en gestión eléctrica en América Latina.

El reto, claro, es la confianza. La electricidad en México no se mide solo en kilowatts: se mide en apagones, en recibos impagables, en obras inconclusas y en la memoria colectiva de un país que sabe que las buenas intenciones suelen extraviarse en el camino de la burocracia.

Si esta inversión se concreta, estaremos ante una de las decisiones más trascendentes en infraestructura desde la creación de la CFE en 1937. Una red que no solo transmitirá energía, sino un mensaje: México puede crecer sin repetir los errores de corrupción y despilfarro que marcaron el pasado.

El tiempo lo dirá. Por ahora, la apuesta es clara: fortalecer la red no es solo tender cables, es tejer futuro.

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