¿Está preparada la fiscalización superior para auditar la inteligencia artificial?
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La inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta exclusiva del sector privado para convertirse en un componente cada vez más presente en la administración pública. Hoy, distintos gobiernos recurren a sistemas inteligentes para fortalecer la gestión tributaria, optimizar procesos de contratación pública, asignar recursos, analizar grandes volúmenes de información e, incluso, apoyar la toma de decisiones administrativas.
Frente a este escenario, el debate suele centrarse en una pregunta: ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar el trabajo de las entidades fiscalizadoras? Sin embargo, existe otra interrogante que comienza a cobrar mayor relevancia y que probablemente definirá el futuro de la auditoría gubernamental: ¿Está preparada la fiscalización superior para auditar la inteligencia artificial que utilizan los gobiernos?
La respuesta exige replantear la forma en que tradicionalmente se ha concebido la fiscalización pública.
Durante décadas, las Entidades Fiscalizadoras Superiores han evaluado actos, operaciones y decisiones ya ejecutadas, verificando que el ejercicio de los recursos públicos se ajuste a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. La evidencia documental, el juicio profesional y la independencia técnica han constituido los pilares sobre los que descansa la función de auditoría.
No obstante, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial modifica el contexto en el que esas decisiones son adoptadas. Cada vez con mayor frecuencia, los algoritmos participan en procesos que influyen en la gestión pública, ya sea mediante la clasificación de información, la identificación de riesgos, la priorización de expedientes o la generación de recomendaciones para la toma de decisiones.
En consecuencia, la fiscalización superior enfrenta un desafío que trasciende la revisión tradicional de documentos y expedientes. Ya no bastará con verificar el resultado de una decisión administrativa; también será necesario comprender los sistemas tecnológicos que intervinieron en su construcción. En otras palabras, la auditoría gubernamental deberá evolucionar para incorporar elementos de auditoría algorítmica, orientados a evaluar la confiabilidad, transparencia y gobernanza de los modelos de inteligencia artificial utilizados por las instituciones públicas.
Organismos internacionales como la OCDE han señalado que las Entidades Fiscalizadoras Superiores comienzan a incorporar herramientas de inteligencia artificial para fortalecer sus propios procesos de auditoría. Sin embargo, el verdadero reto consiste en desarrollar capacidades para supervisar el uso responsable de estas tecnologías dentro de las administraciones públicas, garantizando que su implementación respete el marco jurídico y los principios de buena administración.
Ello implica formular preguntas que hace apenas unos años parecían ajenas a la práctica de la auditoría gubernamental: ¿es posible explicar cómo un algoritmo llegó a una determinada conclusión?, ¿existen controles suficientes para prevenir sesgos?, ¿la información utilizada es íntegra, confiable y está adecuadamente protegida?, ¿quién asume la responsabilidad cuando una decisión automatizada produce efectos contrarios a la legalidad o al interés público?
Estas cuestiones dejan de pertenecer al ámbito exclusivamente tecnológico para convertirse en asuntos propios de la fiscalización, el control interno y la rendición de cuentas.
La inteligencia artificial puede ampliar significativamente la capacidad analítica de las instituciones, reducir tiempos de revisión y facilitar la identificación de riesgos. Sin embargo, ninguna herramienta tecnológica sustituye el juicio profesional del auditor ni los principios que sustentan la fiscalización superior. La independencia, la objetividad, el escepticismo profesional y la valoración crítica de la evidencia seguirán siendo responsabilidades esencialmente humanas.
La innovación tecnológica no modifica la esencia de la auditoría gubernamental; exige su evolución.
En un contexto donde los gobiernos incorporan sistemas cada vez más sofisticados para administrar recursos públicos, la confianza ciudadana dependerá también de la capacidad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores para comprender estas tecnologías, evaluarlas con rigor y verificar que su utilización respete los principios del Estado de derecho.
Porque, al final, la transformación digital podrá cambiar la manera en que se toman las decisiones públicas, pero no los valores que legitiman la fiscalización superior. La evidencia, la objetividad y la independencia seguirán siendo el fundamento sobre el cual se construye la confianza en las instituciones.
Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter estrictamente personal y se emiten con fines de análisis y divulgación jurídica. No representan la postura institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.