Fiscalización de cuentas públicas 2024 sigue su curso
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Ante la información difundida en medios de comunicación respecto de los Informes Individuales derivados de la fiscalización de las cuentas públicas 2024, así como del posicionamiento público emitido recientemente por el ex titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Puebla considera necesario formular las siguientes precisiones.
Los Informes Individuales correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas 2024 se encuentran disponibles para consulta pública desde el pasado 30 de abril, a través de los medios oficiales de esta institución, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, esta Auditoría cuenta con un plazo de 20 días hábiles para notificar formalmente los Informes Individuales a las entidades fiscalizadas, encontrándose actualmente dentro de dicho término legal. Una vez realizadas dichas notificaciones, las entidades fiscalizadas contarán con 30 días hábiles para presentar la información y realizar las aclaraciones, solventaciones y consideraciones que estimen pertinentes.
Asimismo, conforme al artículo 64 del mismo ordenamiento, esta autoridad fiscalizadora cuenta con hasta 160 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.
Por ello, resulta improcedente emitir conclusiones anticipadas, ya sea para atribuir responsabilidades definitivas o para descartar prematuramente posibles observaciones, así como cuestionar el desarrollo de un procedimiento legal que aún se encuentra en curso.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla actúa con plena autonomía técnica, objetividad y estricto apego a derecho, por lo que sus determinaciones derivarán exclusivamente del análisis técnico y jurídico correspondiente, conforme a las etapas previstas en la ley.
La fiscalización superior exige responsabilidad institucional, respeto al marco legal y prudencia en el tratamiento público de información que aún se encuentra sujeta a revisión y solventación.