Inicia juicio a Bolsonaro por presunta trama golpista contra Lula
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La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil iniciará este martes la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de orquestar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder ultraderechista, en prisión domiciliaria por intentar obstruir la investigación, se sienta en el banquillo por cinco delitos contra el orden democrático junto a siete de sus antiguos aliados, entre ellos exministros de su Gobierno y generales.
Serán cinco jueces los encargados de dictar sentencia, entre ellos Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, y Flávio Dino, exministro de Justicia del líder progresista, bajo una enorme expectación mediática y social.
El juicio tendrá lugar en la sede del alto tribunal, en Brasilia, y se extenderá, a priori, a lo largo de cinco días: 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre.
Las injerencias de Trump
El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado además marcado por las injerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El dirigente republicano ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño e impuesto aranceles del 50 % a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una “caza de brujas” contra su aliado político.
En la primera sesión, el juez instructor Alexandre de Moraes, tildado de “dictador” por Bolsonaro, quien se declara víctima de una “persecución”, leerá el informe del caso, que empezó en 2023 tras el violento asalto a las instituciones del 8 de enero de ese año.
Luego tomará la palabra el fiscal general, Paulo Gonet, para defender la acusación, que señala a una treintena de personas como partícipes de una trama que buscó anular el resultado de los comicios presidenciales de 2022 y mantener en el poder a Bolsonaro.
Los cargos contra Bolsonaro
La denuncia consta de 272 páginas y en ella Gonet sostiene que el ex jefe de Estado (2019-2022) fue el “principal articulador” y “líder” de una conspiración golpista que hasta incluyó un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.
El fiscal se basa en audios, registros de reuniones, documentos, testimonios y en la confesión del exayudante de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, quien también estará en el banquillo de los acusados.
Las revelaciones de Cid fueron clave para armar la denuncia contra Bolsonaro, quien se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta 40 años.
El antiguo edecán afirmó que el expresidente brasileño recibió, leyó y modificó un decreto para declarar el estado de sitio, revertir el triunfo electoral de Lula y detener a una serie de autoridades, entre ellos algunos jueces del Supremo.
El propio Bolsonaro ha reconocido que sondeó “alternativas” constitucionales porque sintió que la Justicia le perjudicó en las pasadas elecciones, pero siempre ha negado que quisiera “dar un golpe” porque para eso, según él, se necesitan “tanques de guerra en las calles”.
El golpe no triunfó porque la mayoría de los comandantes de las Fuerzas Armadas rechazó embarcarse en una aventura autoritaria de consecuencias imprevisibles.
Así, la Fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años, de cinco delitos: tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daño contra el patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido.
Tras la interveción de Gonet, será el turno de las defensas y, por último, votarán los cinco jueces. Alexandre de Moraes, como instructor, será el primero en hacerlo y propondrá una pena para los procesados.
Otras causas pendientes
La prensa brasileña da por seguro que el capitán retirado del Ejército será condenado. En ese caso, su prisión no será automática, pues aún cabe recurso en la misma corte.
Además, esta no es la única causa judicial que enfrenta en los tribunales.
En 2023 ya fue inhabilitado por ocho años por abusos de poder durante las últimas elecciones y aún tiene otras investigaciones pendientes, entre ellas una por apropiarse de unas joyas que serían patrimonio del Estado y por difundir noticias falsas.
La última contra el exgobernante se abrió en julio pasado por intentar obstruir el juicio por golpismo. La Policía afirma que Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo, llamaron a la puerta del Gobierno de Trump para presionar al Supremo para que cerrara el caso.