Iniciativa para no condicionar programas sociales a beneficiarios
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Los programas sociales son derechos, no son favores; los programas sociales no los paga un presidente municipal, gobernador, diputado, se pagan de los impuestos de las poblanas y los poblanos, por lo que utilizar la necesidad de la gente y lucrar con la necesidad de la gente para que se promuevan políticamente los funcionarios y servidores públicos es un acto que no tendría que suceder, afirmó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos.
La legisladora local presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social estatal, para que la entrega de una beca, despensa, apoyo para vivienda o cualquier otro programa social, no se condicione.
“Nadie tendría que tomarse una fotografía con un funcionario obligado por recibir un apoyo y ninguna persona debería tener que agradecer públicamente y mucho menos que comprometan su voto. Por eso estamos proponiendo establecer en la ley de la Secretaría de Bienestar, de Desarrollo Social, que ninguna persona pueda ser condicionada políticamente para recibir un programa que pueda negarse a participar en ceremonias, en discursos, en actos de proselitismo o en fotografías o grabaciones, sin que pierda su apoyo. Porque desgraciadamente vemos a muchas personas obligadas a tener que ir o asistir a mítines políticos, a sacarse fotografías, a llevar cartulinas, aplaudir, con tal de recibir algo que por ley merecen y es su derecho”.
La propuesta prevé adicionar al artículo 11 de dicha ley que las personas beneficiarias de los Programas de Desarrollo Social puedan recibir los apoyos sin condicionamientos políticos, partidistas o electorales; negarse a participar en ceremonias, discursos, fotografías promocionales, grabaciones o actividades ajenas al programa, sin que ello afecte su acceso o permanencia; no ser obligadas a expresar agradecimiento, reconocimiento o respaldo personal hacia autoridad o persona servidora pública alguna; y presentar denuncias ante la Autoridad Competente.
Asimismo, se añadiría el artículo 19 Quáter, donde se estipula que la entrega de bienes, recursos económicos, servicios y demás beneficios derivados de los programas sociales deberá realizarse mediante procedimientos institucionales, objetivos, accesibles y ajenos a cualquier finalidad de promoción personal, partidista o electoral.
Además, se prohíbe utilizar los actos de entrega de programas sociales para: promover expresamente candidaturas, precandidaturas, aspiraciones electorales, partidos políticos o proyectos de carácter partidista; presentar los recursos públicos como donaciones, regalos, aportaciones personales o beneficios otorgados por la voluntad individual de una persona servidora pública; solicitar, inducir o condicionar expresiones de respaldo político o electoral por parte de las personas beneficiarias.
Igualmente, queda excluido incorporar propaganda partidista, electoral o elementos de promoción personalizada ajenos a la finalidad institucional del programa; utilizar recursos humanos, materiales, financieros o logísticos del programa para organizar actividades de carácter partidista o electoral; condicionar la entrega de apoyos a la asistencia a concentraciones, mítines, actos de respaldo político o actividades de promoción personal; exigir a las personas beneficiarias la publicación de mensajes de agradecimiento, fotografías, videos o cualquier otra manifestación pública de apoyo a personas servidoras públicas; y utilizar los padrones de beneficiarios, sus datos personales o información de contacto para fines de propaganda, afiliación, movilización partidista o promoción electoral.