Discriminación, rechazo y numerosas dificultades documentales; estos son los problemas a los que se enfrentan los refugiados sudaneses que tratan de acceder a una vivienda digna en El Cairo tras huir de la guerra en su país y cruzar la frontera con Egipto en busca de una nueva oportunidad, ahora con muchas más trabas por la nueva ley de asilo.
Más de 1,2 millones de personas procedentes de Sudán llegaron al país árabe buscando asilo y un lugar para vivir alejados del conflicto, según los últimos datos publicados en noviembre por el Gobierno egipcio, que asegura que acoge un total de nueve millones de extranjeros.
Aziza Kabbashi es una refugiada sudanesa que llegó a El Cairo buscando vivienda, pero se encontró con el rechazo y discriminación de algunos ciudadanos locales que le dificultaron el acceso al alquiler en sus vecindarios.
“Escapamos a Egipto porque ya tenía familia aquí, y porque es un país seguro, hospitalario, de lengua árabe y en el que los niños podrían ir al colegio”, dice a EFE esta mujer, quien recuerda que “los vecinos dicen que no quieren sudaneses en el edificio”.
Además, se enfrenta a la nueva ley de asilo que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ratificó hoy con efecto retroactivo y que establece un comité responsable de aprobar o denegar las solicitudes de asilo, que organizaciones internacionales critican por considerar que permite a las autoridades rechazar la protección internacional arbitrariamente.
“Algunos residentes se han quejado de nosotros, y cada seis meses nos quieren incrementar los gastos comunitarios al doble”, lamenta Aziza, quien critica que le alquilaron el piso con un precio más caro.
Aziza vive con nueve miembros de su familia: “Los egipcios piensan que realquilamos habitaciones, pero somos familias extensas”, explica sobre las quejas de vecinos y propietarios por la cantidad de gente que vive en un mismo piso.
“Si tuviésemos que alquilar tres pisos sería demasiado caro y quiero darles a mi hijo y madre un lugar seguro donde estar”, esgrime, tras defender que comparten vivienda con familiares por necesidad.
La presión de los vecinos es alta. El casero de sus sobrinas les devolvió la fianza al echarlas del piso porque otros residentes “no querían sudaneses en el edificio”, y otro de sus hermanos “tuvo que salir del piso en el que vivía” por la misma razón.
El problema del acceso a la vivienda en El Cairo es parte de la crisis económica que arrastra Egipto y que “ha llevado a algunas personas a invertir sus ahorros en activos inmobiliarios”, asegura a EFE el experto en economía, Mohamed Anis, sobre el alto precio de la vivienda.
A ello se suma la xenofobia contra los ciudadanos procedentes de países en desarrollo: “Muchos propietarios se niegan a alquilarles sus pisos porque creen que los dejan en peores condiciones de lo que los encontraron y porque viven varias familias en un mismo apartamento”, afirma el corredor bajo anonimato.
El Ejecutivo egipcio asegura que “los pueblos egipcio y sudanés representan dos caras de la misma moneda” y que “siempre defenderá la unidad y la seguridad” del país africano. Sin embargo, impone a los sudaneses estrictos requisitos para solicitar asilo.
En este sentido, Egipto ratificó hoy una nueva ley de asilo en base a acuerdos internacionales que suscitó críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, que alertaba que esta ley permitía la detención arbitraria de solicitantes de asilo y refugiados, restringía el derecho a solicitar asilo y autorizaba devoluciones “ilegales”.
A esta puerta entreabierta se añade la falta de datos sobre la cifra de refugiados y solicitantes de asilo que acoge el país, lo que incentiva una sensación de que se acogen muchas más personas de las que realmente llegan y les culpan de la subida del alquiler.
Aziza y su familia emprendieron un viaje de dos días a principios del pasado febrero, unos diez meses después del inicio de la guerra, con el objetivo de cruzar la frontera de Egipto.
Ahora, su hijo de cuatro años va a la escuela, mientras ella elabora cosméticos naturales y cocina comida típica de su país en casa para generar ingresos, aunque todo ello le aporta “escasos beneficios económicos”.
Su vida se trastocó cuando el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) irrumpió en Jartum, la capital sudanesa, donde trabajaba como planificadora urbana en el Ministerio de Planificación y Desarrollo Urbano.
La guerra entre los insurgentes y el Ejército estalló el 15 de abril del pasado año por el desacuerdo entre ambas partes en cuanto a la inclusión de los paramilitares en el poder tras el golpe de Estado de 2021.
“En cuanto termine la guerra volveré a Sudán inmediatamente, todos los que estamos viviendo aquí regresaremos con nuestra familia y amigos, allí tenemos toda nuestra vida. Además, amamos Sudán, mucho”, subraya.