Mier Bañuelos propone iniciativa para frenar mercado negro de autopartes
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Con la finalidad de combatir el robo de autopartes y confirmar su legal procedencia, el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Bañuelos, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de establecer mecanismos de control estricto en la comercialización de este sector.
El legislador poblano detalló que las personas físicas y morales que comercialicen, distribuyan o vendan habitualmente autopartes, componentes o refacciones automotrices, deberán conservar la documentación que acredite su adquisición legítima y mantenerla debidamente vinculada con sus registros de inventario.
Agregó que, cuando las mercancías cuenten con número de serie, código, grabado o cualquier otro elemento distintivo, este deberá incorporarse al registro correspondiente. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos para el cumplimiento de esta obligación.
De igual forma, Mier Bañuelos informó que la propuesta contempla infracciones y sanciones específicas para disuadir el incumplimiento y ejercer un control efectivo sobre piezas de procedencia dudosa:
“A quienes cometan la infracción se les impondrá una multa de 40 mil a 90 mil pesos”.
El congresista subrayó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ubica el robo de accesorios, refacciones y herramientas entre los delitos que más impactan a las familias mexicanas. Esta conducta atenta contra la economía de las víctimas, quienes deben asumir el costo de las reparaciones y la reposición de lo sustraído.
Como antecedente, recordó que en marzo de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró más de mil toneladas de autopartes ofrecidas al público sin documentación legal en diversos operativos.
Por ello, Ignacio Mier enfatizó la necesidad de avanzar hacia esquemas preventivos que frenen el ingreso de piezas ilícitas al mercado formal antes de que lleguen al consumidor final.
Sostuvo que todo comerciante tiene la responsabilidad de identificar el origen de sus compras y conservar los comprobantes pertinentes. De esta manera, se cierra el paso a la ilegalidad y se incentiva a los negocios a seleccionar minuciosamente a sus proveedores.
“La finalidad consiste precisamente en reducir los espacios en los que las piezas robadas pueden convertirse nuevamente en mercancías y generar un beneficio económico”, concluyó.