
Identificar el sonido de una bala, ser reclutado por la violencia del crimen organizado y normalizar la militarización en las calles es “la realidad psicosocial” de niños, niñas y adolescentes en Guanajuato, céntrico estado mexicano donde desde 2015 se han asesinado a más de 1.000 menores, afirmó este lunes a EFE Ana Belem Mercado, directora de la Comunidad Loyola.
En los últimos diez años “alcanzamos a ver un impacto psicosocial muy importante en niñas, niños y adolescentes (NNA) derivado de la extrema violencia, y aún así seguimos siendo uno de los estados con la peor Ley General de Protección de NNA y el Sistema Integral de Protección de NNA (Sipinna) estatal sigue tambaleándose”, aseguró Mercado.
Durante la citada década, la disputa entre carteles -principalmente el de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- iniciada por el robo combustible, conocido como ‘huachicol’, ha incrementado la vulnerabilidad de esta población, sobre todo la que va “de los 6 a los 16 años” a ser víctima de desaparición, trata, homicidio o reclutamiento, este último con una cifra superior a 30.000 a nivel nacional.
Tan solo de enero a mayo de este año, ya se “reportaron 177 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Guanajuato”, apuntó la directiva responsable de esta comunidad que trabaja con tres organizaciones, entre ellas Nima, que parte de su labor se enfoca en investigar el estado de la salud mental de los menores.
Mercado explicó que la salud mental abarca la parte “psicológica individual” pero también “el contexto” más cuando “hay presencia armada y violencia criminal”, una situación que les llega a provocar desde “ansiedad hasta insomnio”.
Ante esta proximidad con el conflicto armado, Mercado admitió que las infancias y las juventudes guanajuatenses saben “identificar el sonido de una bala” por las constantes “balaceras” que persisten en las colonias, tan solo a finales de junio la ciudad de Irapuato registró un ataque armado que dejó 11 muertos.
Además, precisó, “normalizan las armas por los patrullajes de la Guardia Nacional (GN)”.
La activista y miembro de la comunidad, Alejandra Loredo, destacó que la estrategia militar del Estado mexicano trae consigo una “narrativa” para que los habitantes de todas las edades se “familiaricen con los militares en las calles, con sus tanques y armamento”.
“Esta narrativa bélica se adentra en las infancias y adolescencias de aspirar a ser soldados, a cuidar y tener estas posiciones de poder. El propio Estado dice que el Ejército es el pueblo uniformado incorruptible, cuando sabemos que es la institución que viola los derechos humanos por excelencia”, señaló sobre esta fuerza militar que en sus operaciones ha provocado la muerte de casi 6.000 personas de 2007 a 2024.
Con 40 años de experiencia, la Comunidad Loyola ha observado que ante la exacerbación de la violencia, el gobierno estatal no ha ofrecido protocolos “diferenciados” para las infancias y adolescentes y que los datos de las fiscalías son “poco claros”, por lo que se confía más en el trabajo de las madres buscadoras o en el de las ONG.
Aunque las organizaciones “tenemos casi un año” que no recibimos “recursos estatales, están congelados”, sentenció Mercado, quien también mencionó que las afectaciones a menores deben ser “tipificadas” como delito, por ejemplo, el reclutamiento, una propuesta también realizada por Unicef.
“Sabemos que la situación se ha ido desbordando y el Estado no alcanza atenderla por falta de recursos y capacidades”, concluyó.
Desde 2015, en México se han asesinado a más de 10.000 niños, niñas y adolescentes.
El estado de Guanajuato, uno de los más violentos del país, está a la cabeza en estos homicidios dolosos con más de 1.000 víctimas, siendo las armas de fuego las más utilizadas para cometer estos crímenes, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).