La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela informó este lunes que solicitará a la Fiscalía que “aplique de inmediato” la Ley Simón Bolívar -que contempla penas para quienes pidan sanciones o manipulen fondos que pertenecen al país- contra un grupo de exdiputados opositores, quienes, según la Cámara, pidieron acceder a activos de Citgo, filial de PDVSA, cuyos bienes están bloqueados por sanciones de EE.UU.
Durante una reunión de la comisión delegada, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mostró una supuesta carta dirigida a Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, donde exdiputados opositores de la AN de 2015 piden al funcionario estadounidense que les permita acceder a los dividendos de Citgo y a otros activos congelados en el exterior.
“Esto conforma un crimen establecido en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo, puesto que están solicitándole a un funcionario de un Gobierno extranjero que utilicen los dineros que le pertenecen a los venezolanos (…), las cuentas congeladas de manera ilegal e ilegítima en el exterior”, señaló.
El chavista aseguró que este dinero sería utilizado por los opositores para “seguir financiando conspiraciones” y para “seguir engordando” sus bolsillos.
En la solicitud a la Fiscalía, explicó Rodríguez, se pedirá que se apliquen penas de la Ley Simón Bolívar, que contempla hasta 30 años de prisión, así como la inhabilitación política de 60 años.
Asimismo, pedirá que se aplique la Ley de Extinción de Dominio, que busca recuperar bienes y recursos del país vinculados a casos de corrupción.
Tras la sesión, Rodríguez declaró que la Ley Simón Bolívar debe aplicarse “de inmediato” a las exdiputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez.
Además, dijo que “hay que hacer una investigación (…) para ver quiénes estaban (…) y, en consecuencia, la justicia actúe en contra de ellos”, agregó, en referencia a una supuesta “reunión secreta” que se menciona en la carta dirigida a Palmieri.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, aprobada por unanimidad en noviembre, también contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno.