Proponen reforzar vigilancia en anexos de Puebla para evitar uso delictivo
También puedes leer
Por: Citlalli Tepale
Hace unos meses, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa para que las Secretarías de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, regulen los anexos, a fin de evitar que sean utilizados para delinquir.
El legislador explicó que esta propuesta nació de las mesas de trabajo en materia de seguridad, donde se identificó la necesidad de regular los centros de atención a las adicciones de Puebla al detectar en más de 200 a grupos delictivos que se autoanexan para esconderse o delinquir.
Resaltó que estos centros son regulados sólo por la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DEPRIS).
Por ello, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado vicealmirante Francisco Sánchez González propusó que el organismo de seguridad estatal pudiera tener injerencia en esta regulación y visitas que hacen de inspección junto con la dependencia de salud, destacó Villegas.
“La iniciativa que propusimos en ese momento, propone reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla para facultar a las autoridades de la Secretaría a supervisar, intervenir y regular los Centros de Tratamiento Residencial para Personas con Adicciones ante su vinculación con delitos, abusos y operación clandestina. Estos centros d rehabilitación no pueden ser espacios de violencia o crimen”.
Asimismo, la propuesta establece que la Secretaría de Seguridad participe en la Mesa Interinstitucional de Supervisión de Centros de Tratamiento Residencial,
junto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud.
Dicha Mesa tendrá por objeto integrar y actualizar un padrón estatal de centros de tratamiento residencial que operan en el Estado y atender de forma inmediata las denuncias ciudadanas, incidentes o situaciones de emergencia sanitaria o de seguridad.
Las autoridades de seguridad pública y de salud podrán realizar operativos en centros de tratamiento para personas con adicciones cuando haya denuncias por posibles delitos, detecte la autoridad sanitaria condiciones de insalubridad, riesgo inminente o violaciones a derechos humanos.
Así como, cuando se sospeche que operan de forma ilegal o se utilicen para actividades ilícitas, o cuando así lo decida la mesa interinstitucional. Estas acciones deberán realizarse respetando los derechos humanos y cuidando la integridad de las personas internas.