
El titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Puebla, Alejandro Espidio Reyes enfatizó que la dependencia que encabeza tiene la instrucción del gobernador Alejandro Armenta, de prevenir, vigilar, transparentar la información y, cuando sea lo correspondiente, sancionar a quien lo merece, para ello implementa mecanismos de prevención.
Informó que 124 mil 376 personas servidoras publicas cumplieron con la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses de Modificación 2026, donde brindaron a más de 8 mil 400 asesorías para facilitar su presentación, quienes no cumplieron enfrentarán sanciones por el órgano interno de control.
Asimismo, resaltó que se realizaron 3 mil 018 inspecciones en obra pública para comparar el alcance real de cada obra con el calendario contratado, con ellas se vigiló una inversión de más de 12 mil millones de pesos; se practicaron 2 mil 843 pruebas de laboratorio a concreto, acero, asfalto, geotécnica y prefabricados en laboratorio fijo y móvil sobre obras con una inversión de más de 10 mil 600 millones de pesos.
Compartió que en el ejercicio del gasto se iniciaron 149 auditorias a dependencias, entidades, fondos y programas; durante 2026 se recibieron 4 mil 511 quejas y denuncias, principalmente por correo electrónico, por la línea Pro Integridad y por la plataforma web.
Señaló que los órganos internos de control mantienen 544 expedientes de investigación, los cuales se originan de quejas, denuncias y señalamientos ciudadanos. Al cierre de octubre se encontraban en substanciación 149 procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Llegar antes que la corrupción es más eficaz que perseguirla después. Prevenir es realizar acciones antes de que alguien ocupe un cargo o reciba un contrato”
Por otra parte, el funcionario público destacó que la dependencia anticorrupción durante dos años emitió 48 resoluciones sancionatorias, registrando las causas más frecuentes: presentar documentación apócrifa, simular actuaciones, realizar traspasos sin autorizaciones, presentarse a laborar en estado inconveniente, faltar al respeto a alumnas, compañeras y compañeros de trabajo, litigar contra el gobierno del Estado, solicitar dinero a cambio de ciertas situaciones que favorezcan a las personas, de las que derivaron en 27 amonestaciones, 3 suspensiones y 18 destituciones.