Senadora pide fortalecer actuación de autoridades contra despojo de viviendas

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La senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados, a que tomen las medidas necesarias para investigar, atender y sancionar el delito de despojo.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI señaló que este delito se manifiesta de diversas formas, desde el uso de la violencia y el fraude, hasta la suplantación de identidad, la ocupación ilegal de inmuebles y la falsificación de documentos.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora también propuso que se lleven a cabo acciones de capacitación en la materia y se dote de recursos al personal que atiende estos casos, a fin de que se garantice el derecho a la propiedad mediante procesos ágiles, transparentes y conforme a derecho.

Indicó que es necesario que las autoridades pongan más atención cuando el despojo lo realizan personas que simulen tener un cargo público; se suplante la identidad del legítimo propietario, del poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de una notaría pública en ejercicio de sus funciones o que sea cómplice del delito; así como quienes, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos reservados.

Aseveró que actualmente no existe una cifra exacta de viviendas que se encuentran en ocupación irregular y esto obedece a diferentes causas, entre las cuales se encuentra que son inmuebles que están pendientes de sucesión testamentaria, en juicio o algún proceso jurídico de embargo o en poder de familiares sin formalidad y certeza jurídica.

Toledo destacó que es más fácil que se concreten los abusos de despojo cuando las personas propietarias no tienen en orden la documentación de su terreno o inmueble, o bien sus documentos carecen de una escritura pública, un registro vigente o un litigio pendiente en medio de la ambigüedad que requiere dar certeza jurídica las personas.

Señaló que el delito de despojo es cada vez más común y sofisticado y se facilita por procesos judiciales lentos, así como por complicidad entre los grupos de la delincuencia organizada y personas servidoras públicas, por ello, es fundamental que las autoridades se coordinen para investigarlo, atenderlo y sancionarlo.

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