Suman 5 denuncias contra Marilyn Cote, ¿qué cargos podría enfrentar?
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La falsa psiquiatra Marilyn Cote ya está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, esto al ser acusada de proporcionar atención psiquiátrica y prescribir medicamento controlado a pacientes. Las autoridades recibieron las denuncias de 5 víctimas.
El caso Cote se hizo viral después de que el perfil de X (antes Twitter) CharlatanedMed denunció las actividades de la mujer, quien se hacía pasar por psiquiatra e incluso expedía recetas para medicamentos controlados, cuando no tiene estudios ni en medicina ni psiquiatría, sino una licenciatura como abogada, maestría en criminalística y doctorado en psicología.
El pasado 14 de noviembre, el fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, señaló que no solo se usurpó una profesión, sino que también se falsificaron documentos y se pudieron haber causado daños a la salud de personas, por lo que la investigación será amplia.
Durante el cateo que fue realizado en el consultorio de la falsa especialista, se aseguraron documentos con aparente falsificación para ejercer profesiones sin contar con los requisitos y autorizaciones legales.
Higuera destacó que las autoridades de verificación de Riesgos Sanitarios también intervendrán. “Trabajamos juntos porque así se tiene que realizar para hacer una investigación completa porque puede haber delitos del orden federal y no solo del orden común”, indicó el fiscal.
Previamente, el 11 de noviembre, la Secretaría de Salud del estado de Puebla determinó un plazo para que Cote presentara los documentos que la respaldara en el ejercicio de la psiquiatría, sino tendría sanciones administrativas o incluso podría ser arrestada por 36 horas.
De acuerdo con el artículo 258 del Código Penal de Puebla, se establece una pena de dos meses a dos años de prisión y una multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al que, sin tener título legal se atribuya este carácter y ejerza alguna de las funciones de tal.
Según el artículo 258 Bis, se impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de cincuenta a doscientas UMA al responsable o encargado del establecimiento en que se preste servicios de atención a la salud mental o adicciones, sin contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante la Comisión Nacional contra las Adiciones.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que presentarían una denuncia. “Después de la revisión (en el Registro Nacional de Profesionistas), no se encuentra ningún registro de alguna cédula profesional en áreas de la salud de esta persona y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar las denuncias correspondientes para que se deslinden responsabilidades”, explicó Eurípides Flores, de la Unidad de Asunto Jurídicos de esa secretaría.
Crédito: Proceso