Suspenden audiencia de procesados por terrorismo en Ecuador
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Un tribunal de Ecuador suspendió este viernes la audiencia de apelación a la prisión preventiva para once procesados por el delito de terrorismo que fueron detenidos en la ciudad de Otavalo (provincia de Imbabura), epicentro de las protestas contra el presidente Daniel Noboa, para que se realice una pericia intercultural.
Las fuerzas ecuatorianas de seguridad detuvieron el pasado 22 de septiembre a los ahora conocidos como “Los doce de Otavalo”, después de un ataque a un cuartel de la Policía, donde fueron incendiados diez vehículos y se provocaron otros daños materiales, durante las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por el alza del precio del diésel y otros reclamos.
La audiencia se realizó a favor de once de los detenidos, ya que el abogado de uno de los procesados no apeló a la medida, según indicó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que acompaña a las familias.
Además, una mujer que también fue capturada ese día recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La Inredh explicó que, durante la diligencia de este viernes, las defensas expusieron “una serie de irregularidades cometidas durante las detenciones y la primera audiencia, además de argumentar la falta de pruebas para sostener la acusación fiscal”.
“Entre los testimonios, se expusieron casos como el de Diego Armando López, albañil que salió a retirar herramientas de trabajo y padece epilepsia; Elvis Lanchimba, trabajador florícola que fue arrestado cuando iba a retirar una moto para ir a su trabajo, y Luis Tituaña, quien no recibió información en su lengua materna y fue obligado a firmar documentos sin comprensión”, señaló la organización.
La fundación añadió que la Fiscalía había argumentado que las personas procesadas habrían ingresado a Otavalo “causando daños materiales y agrediendo a miembros de la Policía Nacional, quienes habrían identificado a varios ciudadanos ‘participando de manera violenta’ y sustrayendo evidencia policial”.
Luego de más de cinco horas de audiencia, el tribunal dispuso “la realización de una pericia intercultural, que deberá efectuarse en un plazo máximo de ocho días, con la designación de un perito perteneciente a comunidades”, según señaló la Inredh.
David Iza, defensor de uno de los procesados, explicó -a la salida de la audiencia- que esta pericia consiste en “determinar cuáles son los estilos de vida y las condiciones económicas y sociales de cada uno de los procesados en cada una de las comunidades de la ciudad de Otavalo”.
“Esto demuestra que pertenecen a una comunidad indígena y que obviamente su trato es diferente al de cualquier otra persona”, añadió el abogado.
La Inredh también señaló que los jueces evaluarán “la posibilidad de llevar a cabo la audiencia en territorio” y que dispusieron que se realice una revisión médica a dos procesados con discapacidad.
La diligencia en la que se decidirá si los procesados siguen o no en prisión preventiva se reinstalará una vez que se cumplan con estas disposiciones.
Las protestas indígenas comenzaron hace 26 días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie incluyó la exigencia de la disminución en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
Así mismo, la confederación agregó en las protestas su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como “política”.
El Gobierno se mantiene firme en su decisión sobre el diésel, decretada por Noboa el pasado 12 de septiembre, y sobre el IVA al 15 % definido el año pasado, mientras que sobre los detenidos ha aclarado que es un asunto que no le compete al ser un tema de la función Judicial.