
Hay áreas del gobierno donde el error cuesta dinero.
Y hay otras donde cuesta vidas.
Puebla está hoy frente a dos crisis que deberían encender todas las alertas: los anexos fuera de control y el aumento sostenido de suicidios. Dos frentes distintos… con un mismo punto de quiebre: la incapacidad institucional para responder con claridad.
Los datos son duros, y no admiten matices.
— En 2025, Puebla registró al menos 123 suicidios hasta septiembre.
— Un caso cada dos días, en promedio.
— Entre enero y julio: 32 menores de edad, casi una cuarta parte del total.
— Más de 300 intentos de suicidio en el mismo periodo.
No es una estadística. Es una señal de alerta.
Y mientras eso ocurre, los anexos —que deberían ser parte de la solución— siguen atrapados en otra crisis:
— ataques armados en marzo de 2026
— homicidios dentro de centros en 2025
— muertes bajo sospecha
— solo 1 de cada 26 cumple con la norma
El diagnóstico es evidente: el sistema no está funcionando.
Y aquí es donde las responsabilidades dejan de ser abstractas.
Porque ambas áreas —anexos y salud mental— convergen en una misma coordinación: la de Salud Mental y Adicciones, encabezada por Karen de la Cuesta Soria.
No es un dato menor.
Significa que bajo una misma estructura institucional se concentran dos de los temas más delicados del estado: la atención a las adicciones y la prevención del suicidio.
Y sin embargo, lo que aparece es lo contrario a una estrategia sólida:
— no hay padrones confiables de anexos
— no hay información clara cuando se solicita
— no hay evidencia pública de resultados contundentes en prevención
Entonces, la pregunta ya no es técnica. Es estructural.
¿Cómo se explica que en medio de una crisis de salud mental creciente, la autoridad responsable no pueda sostener información básica ni control operativo sobre los espacios que deberían atenderla?
El contexto político tampoco ayuda a disipar dudas.
La permanencia de la funcionaria no es reciente. Su trayectoria se remonta a administraciones pasadas, incluyendo el periodo de Rafael Moreno Valle, y ha logrado mantenerse vigente en distintos gobiernos.
En cualquier otro escenario, eso podría interpretarse como experiencia acumulada.
Aquí, empieza a parecer otra cosa.
Porque su continuidad coincide más con respaldos políticos que con resultados visibles. La defensa desde espacios como el de la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, y el acompañamiento de la regidora Marisela Reyes Rosete, no pasan desapercibidos.
Pero la pregunta sigue siendo la misma:
¿se sostiene una gestión… o una relación?
Porque en el servicio público, la confianza no se hereda. Se acredita.
Y hoy, lo que Puebla enfrenta es una doble crisis:
— centros de rehabilitación sin control efectivo
— una incidencia de suicidios que golpea, cada vez más, a jóvenes
Dos fenómenos que deberían estar articulados en una política pública clara… pero que hoy parecen avanzar en paralelo, sin contención suficiente.
Mientras tanto, desde el discurso oficial se insiste en principios como “no mentir, no robar, no traicionar”.
Pero también habría que añadir otro: no simular.
Porque cuando las cifras crecen, cuando los casos se acumulan y cuando la respuesta institucional no alcanza… lo que queda no es percepción, es realidad.
Y la realidad en Puebla hoy es incómoda:
La salud mental está rebasando a la estructura que debería contenerla.
Y los anexos, lejos de ser solución, siguen siendo parte del problema.
La pregunta final ya no es política. Es humana:
¿cuántos casos más tienen que ocurrir… para que alguien asuma que esto no está funcionando?