
La empresa estadounidense Vessel Housing rechazó haber sido víctima de extorsión en Puebla a cambio de instalar una planta industrial.
El CEO de Vessel hizo esta aclaración en el periódico Sin línea MX, en la que descartó tener operaciones, inversiones o proyectos en México, lo que hace insostenible la narrativa de una planta en Puebla o una supuesta extorsión ligada a ella.
Todo se originó porque a través de un tuit publicado el pasado 11 de julio, el empresario Simón Levy informó de una supuesta petición de pago de un millón de dólares para autorizar su proyecto en Puebla.
El tuit señalaba: “Hago público además, que ante la petición de extorsión de pagar un millón de dólares para autorizar nuestra planta e inversión de vivienda de @VesselHousing en Puebla, hemos decidido CANCELAR nuestra planta en ese estado. Tengo grabación y documentación de lo dicho.”
Sin embargo, la empresa negó esta aseveración y evidenció a Levy, quien no tiene nada que ver con la firma: “No tenemos ninguna relación comercial, de inversión o de proyecto en México ni con el señor Simón Levy. Nunca hemos considerado establecer
ninguna planta ni invertir en el estado de Puebla. No conocemos a esta persona ni hemos tenido comunicación alguna.”
Cuentas como @monicaferr342, @sonituit y @chicshion replicaron las aclaraciones de la empresa y señalaron que Levy ha intentado vincularse públicamente a proyectos que jamás existieron.
Este caso confirma que las declaraciones públicas en redes sociales pueden ser desmentidas rápidamente cuando las empresas involucradas aclaran su posición.
Está claro que no existe registro, convenio, ni proyecto formal de Vessel Housing en Puebla, ni vínculos de negocios con Simón Levy.
El señalamiento de extorsión pierde credibilidad al estar sustentado en un proyecto inexistente para la propia empresa.
Hasta ahora, Simón Levy no ha rectificado ni presentado evidencia pública que respalde su afirmación.
Hay que decir que el caso evidencia la importancia de contrastar las versiones públicas de figuras como Levy con las posturas oficiales de las empresas involucradas.