
Por: Citlalli Tepale
La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local analizó y aprobó, bajo el principio de concentración, las iniciativas presentadas por las legisladoras Susana Riestra y Laura Guadalupe Vargas, así como por el legislador Pável Gaspar García Ramírez, mediante las cuales se propone modificar el decreto de creación del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).
La presidenta de dicha Comisión, Laura Guadalupe Vargas Vargas, compartió que en los casos donde no puede asistir el Presidente del Consejo Directivo del SOAPAP, cargo que le corresponde al Gobernador de Puebla, lo suple el Consejero Jurídico; sin embargo, se pretende que esta responsabilidad la asuma la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla.
Lo anterior, debido a las atribuciones y condiciones que el SOAPAP da seguimiento y puede compartir con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla, tales como el saneamiento.
“Asumo que la responsabilidad que nuestro gobernador tiene dentro del Consejo sigue siendo la misma, el poder dar seguimiento puntual y bueno, lo ha manifestado y se ha observado en la última comparecencia, uno de los temas que se puso en la mesa fue las sanciones que se le impondrían a Agua de Puebla como empresa concesionaria al incumplir en algunos términos el título de concesión y del tercer convenio modificatorio. Es relevante para nosotros que la suplencia del propio Consejo de Administración y de la titularidad de la presidencia del Consejo que tenga el perfil de medio ambiente pues tiene que ver también con los retos que enfrenta Puebla Capital”.
Asimismo, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que todas las decisiones pasan por el Consejo Directivo del SOAPAP; con esta iniciativa se plantea que cada una de las gerencias que existen dentro del mismo Sistema Operador asuma la responsabilidad de la información y los trámites que se llevan al propio Consejo, y que, además, sus responsables podrían ser acreedores a sanciones administrativas si cometen alguna acción ilícita.