Lo que no podemos hacer es cancelar inversiones sin que haya un rigor metodológico-científico y las empresas están obligadas, tanto en casos de granjas ganaderas como las textileras y otras que hacen sus descargas en el río, puntualizó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien también llamó a la Constructora Melgarejo a revisar la circunstancia real del adeudo que demanda al estado por 640 millones de pesos.
De cara a señalamientos de contaminación por parte de diversas plantas productivas, anunció que como parte del rescate de la cuenca del Atoyac-Zahuapan, los distritos de Tehuacán y Atlixco operarán con riego por goteo, en lugar de riego rodado con el consecuente desperdicio de agua y energía eléctrica.
Para ello se destinarán 500 millones de pesos para limpieza del Atoyac, tecnificación, recuperación del lago de Valsequillo y aprovechamiento por distritos de riego para que se siembre hortalizas, dando valor agregado, informó.
Ofreció “diálogo, diálogo y diálogo y después orden y sino aplicación de la ley” de cara al seguimiento de esos casos.
Adelantó que de 4 mil 600 millones de pesos que se debían a 15 años, se pagarán en el sexenio 2 mil millones de pesos, con menor servicio de deuda del Museo Barroco.
En tanto, se revisa el caso de los 640 millones de pesos que demanda Melgarejo y Palafox por un proyecto de enlace del Arco Norte, que obtuvo amparó ante el Poder Judicial Federal, que condenó al estado a cubrir ese monto.
Esto cuando en la realidad la constructora no ejecutó siquiera un metro cuadrado de obra, por lo cual Armenta ofreció diálogo abierto a dicha empresa “ya es hora de que sirvan a Puebla, no quiero que nos regalen las obras, tampoco, y si hay una buena negociación tendrán oportunidad de hacer obra en Puebla como todos, y si no hay y no reconocen, es un acto de saqueo disfrazado, pues primero tenemos que denunciar, tengo la lista de lo que hicieron en 3 o 4 sexenios, una lista, como hacen en las escuelas”.
Llamó a Melgarejo a ser una empresa solidaria, pero sin moches y resolver el tema, al recalcar que prefiere destinar esa cantidad a los módulos de maquinaria que a cubrir el pago que obtuvo vía tribunales esa empresa.
“Es poner orden, anteponer el bien público al privado y cuando este no es legítimo actuar contundentemente”, puntualizó.