Susana Riestra presenta denuncia y solicita la remoción de funcionarios del Congreso local
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Por: Citlalli Tepale
La diputada local del Partido Acción Nacional, Susana Riestra Piña interpuso una denuncia administrativa ante Órgano Interno de Control y una solicitud de remoción ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) dirigidas al secretario general, Julio Leopoldo de Lara Varela y el director jurídico, Jesús Juárez Lezama.
La legisladora blanquiazul enfatizó que, derivado de las fallas en estas dos áreas técnicas del Congreso, solicitó las remociones ante la Junta de Gobierno, instancia legalmente facultada para resolver el asunto. Además, afirmó que volverá a pedir que dicha solicitud sea puesta a consideración del Pleno, tal como ocurrió con el nombramiento del secretario general.
“Como lo marca el artículo 100 en su fracción décima tomen el acuerdo y lo pongan a consideración del Pleno para ver si hay remoción o no, si realmente los diputados están satisfechos con la labor que no es política, es técnica. Y lo que nosotros hemos estado señalando son las omisiones en el proceso legislativo”.
Destacó que, en caso de que la Junta de Gobierno no quiera asumir esta decisión, considera que lo más viable es someterla a la consideración del Pleno. Cabe mencionar que la semana pasada, la referida instancia no votó la remoción de inmediato, sino que la turnó al Órgano Interno de Control para que investigara.
En cuanto a la denuncia, Susana dio a conocer que el Órgano Interno de Control le notificó el inicio del proceso de investigación, relacionado con la omisión de notificaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del Estado de Puebla, relacionadas con la Ley de Transparencia, las cuales no fueron informadas a las diputadas y los diputados.
Asimismo, indicó que la autoridad de control interno ha solicitado a todas las áreas del Congreso que, cuando el área de quejas o denuncias requiera información, están obligadas a proporcionarla. Además, será la propia autoridad quien determine la gravedad de los hechos y, en su caso, resuelva el asunto o lo turne a otra instancia.
Señaló que no existe un plazo establecido para la resolución, ya que primero deben reunir todas las pruebas.
Riestra Piña resaltó que las sanciones que podrían recibir los funcionarios públicos dependerán de la gravedad que determine el Órgano Interno de Control, y estas pueden ser sanciones económicas, separación y remoción del cargo, entre otras.