
A través de una iniciativa, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Antonio Gali López propone elevar a rango constitucional, la obligación de instituir procuradurías de protección al ambiente en todas las entidades federativas, mismas que deberán ser dotadas de plena autonomía, patrimonio y personalidad jurídica propia.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de este jueves pretende establecer también que las Procuradurías Ambientales estatales deberán ser órganos de coordinación y colaboración con las autoridades federales en materia ambiental y con las fiscalías federales y locales especializadas en la materia.
La enmienda con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción IX del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, tiene la finalidad de que dicho órgano vigile, investigue, controle y evalúe el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales de competencia estatal y municipal, además de sancionar, en su caso, su incumplimiento.
Gali López señaló que las entidades federativas que no cuentan con ningún tipo de procuraduría son los estados de Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima y Tabasco; además, en la mayoría de las existentes se carece de autonomía, patrimonio y personalidad jurídica propia, lo que dificulta el debido ejercicio de sus recursos materiales y humanos que les permita cumplir con sus objetivos mediante los cuales fueron creados.
Explicó que la importancia en la protección al medio ambiente no gira exclusivamente en el deber de las autoridades federales para hacer cumplir las leyes ambientales, sino que corresponde también a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias a observar y hacer cumplir la ley en materia ambiental, contribuyendo así, al derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El legislador poblano consideró que es indispensable apremiar a las entidades federativas a la creación de las Procuradurías de Protección al Ambiente, otorgándoles en sus Constituciones y leyes locales, el carácter de autoridad ambiental con autonomía de gestión, operatividad, fiscalización, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto sea la procuración de justicia en materia ambiental y la defensa del derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Además, abundó, estas procuradurías tendrán entre otras facultades, realizar actos de investigación administrativa y análisis de información previstas en las leyes de su competencia, y determinar las infracciones a la normatividad ambiental y, en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia.
“Las Procuradurías de Protección al Ambiente desarrollarán prioritariamente acciones dirigidas a la prevención de los ilícitos, daños y deterioros ambientales, así como incentivar el cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental, buscando el equilibrio entre las acciones de sanción y las medidas de prevención, coordinando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para unificar las políticas públicas en materia de prevención de ilícitos, daños y deterioro ambiental, incluyendo la participación de los sectores productivos sociales y educativos”, detalló.