He conversado con muchas personas sobre el significado de la frase “cambio de régimen” que López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum incorporan siempre en sus discursos. Periodistas, analistas políticos, académicos, colegas encuestadores, empresarios y ciudadanos con diversas profesiones, casi todos consideran que se trata de una divisa de campaña, una más de las frases huecas que los políticos suelen decir para darse a conocer. Muy pocos han profundizado en el verdadero significado de esas 3 palabras y sus consecuencias para el país y para ellos mismos.
Los más realistas aceptan que por un tiempo MORENA será el partido político dominante pero que, como siempre ocurre, algo propiciará su caída. No se atreven a dar un pronóstico de cuando ocurrirá, pero creen que no será mucho tiempo porque “habrá una división interna” en la 4t. Los más optimistas creen que MORENA gobernará el país hasta 2036 y que luego será derrotado en las elecciones.
Todos están acostumbrados al modo de vida de las últimas 3 décadas y piensan que nada cambiará en lo fundamental. Creen que el despertar ciudadano propiciará un nuevo cambio de grupo en el poder, que la riqueza seguirá disponible para quien se prepare, trabaje y tome riesgos, y lo más importante, que habrá libertades y derechos para todo eso.
Conforme avanza el tiempo las verdaderas intenciones de la cuarta transformación se van revelando en cambios legales que poco a poco cambiarán la vida de las personas.
La reforma al poder judicial, la ley de supremacía constitucional y la reforma que modifica los alcances del juicio de amparo para que no surtan efectos colectivos, son el principio del andamiaje legal del nuevo régimen político.
En palabras simples. Ya no habrá jueces imparciales porque todos los va a nombrar el régimen (aunque formalmente los va a “elegir” el pueblo). El Poder Judicial estará impedido de ejercer su función de contrapeso constitucional para corregir reformas que atenten en contra de los derechos humanos fundamentales. Para que un ciudadano consiga la protección de la justicia federal ante una ley que viole sus garantías constitucionales deberá de promover su propio juicio de amparo a pesar de que otros ciudadanos ya lo hubiesen conseguido (las leyes continuarán vigentes sin importar que violen garantías constitucionales).
Los órganos autónomos van a desaparecer y cuando eso ocurra los ciudadanos habremos perdido las vías institucionales para hacer efectivos muchos derechos. Las funciones de los organismos autónomos serán desempeñadas por empleados del gobierno sometidos al interés del régimen, ya no por organismos independientes. Ya ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos protege a la gente cuando es violentada por una autoridad.
En este momento el gobierno ha cooptado al INE y al Tribunal Electoral, lo que para efectos prácticos garantiza que los ciudadanos votemos, pero no necesariamente que nuestros votos se cuenten bien.
En resumen, el cambio de régimen de la cuarta transformación significa la pérdida de libertades y de derechos ciudadanos. El empoderamiento de un partido de Estado que todo lo controla y decide “por el bien del pueblo” y en la cima se coloca a un presidente aún más poderoso que en los tiempos del PRI autoritario.
Mientras eso sucede, usted y yo perderemos el derecho a la justicia imparcial, a la defensa en contra de abusos de autoridad, a un sistema económico de libre competencia sin monopolios ni oligopolios, a saber en qué y cómo se gasta el dinero público, a proteger nuestros datos personales, a conocer si el gobierno hace bien su trabajo para combatir la pobreza y la desigualdad o si la educación pública está cumpliendo su función, a energías limpias y baratas, y a elegir quien y como nos va a gobernar.
Esos derechos perdidos se convertirán en más abusos que quedarán impunes, sin consecuencias legales ni políticas.
Me dicen que exagero, que soy pesimista, que tergiverso la realidad, que nada ha cambiado. Usted, amable lector, tiene la última palabra.
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Foto: X Claudia Sheinbaum