
Por: Citlalli Tepale
El diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), José Miguel Trujillo de Ita, retomó la iniciativa para incorporar un delito al Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de sancionar a quienes introduzcan o utilicen celulares u otros dispositivos electrónicos dentro de centros penitenciarios sin autorización oficial.
El legislador Trujillo resaltó que existen inhibidores de señal para los dispositivos; sin embargo, en muchas ocasiones estos no funcionan debido a la complacencia de los directivos de los centros penitenciarios. Por ello, propuso la adición de los artículos 292 Ter, 292 Quater, 292 Quinquies y 428 Sexies al Código Penal.
“Que se castique a aquellos que en algún momento están permitiendo la introducción de esos dispositivos. Estos dispositivos no entran solos y siempre entran con consentimiento de alguien. Por supuesto buscamos proteger los bienes de las familias y su persona como tal”.
La iniciativa establece que toda persona (visitantes de un penal, familiares de internos, abogados u otras personas externas) que, sin autorización, posea, ingrese, intente ingresar o facilite el ingreso de dispositivos electrónicos de comunicación, como teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles u otros equipos similares, a los centros penitenciarios del Estado de Puebla, será sancionada con una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Aunado a lo anterior, si la conducta es cometida por personal penitenciario, como custodios, policías penitenciarios o personal administrativo, la pena se incrementará a 4 a 8 años de prisión y una multa de mil a 2 mil UMAs, además de la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo de seguridad pública por un periodo de 5 años.
Cuando los dispositivos sean utilizados para cometer delitos como extorsionar, amenazar o intimidar a otras personas; realizar fraudes o engaños que afecten su patrimonio o seguridad; difundir contenido ilegal o vulnerar derechos de terceros, además de la sanción por ingresar sin autorización dispositivos electrónicos, se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión adicionales y una multa de 2 mil a 4 mil UMAs.
Asimismo, la propuesta señala que los directores o encargados de los centros penitenciarios que participen, permitan o sean negligentes en estos hechos serán sancionados de 6 a 12 años de prisión, una multa e inhabilitación por 10 años.
De igual forma, los centros penitenciarios del Estado de Puebla que no cumplan con la implementación de medidas tecnológicas y administrativas para impedir el uso no autorizado de dispositivos electrónicos serán sancionados conforme al Código Penal.
Esta iniciativa se turnó en 2024 a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por lo que continúa en análisis.